Ausbanc pide embargar ya 196 millones al ex jefe del BBVA

El fiscal pide 173 años de cárcel para Francisco González por los perjuicios ocasionados a Pineda y otras personas

Luis Pineda Salido, máximo responsables de Ausbanc, reclama a la Audiencia Nacional que embargue ya al BBVA un total de 196 millones para hacer frente a la responsabilidad civil derivada de la causa en la que el fiscal pide 173 años de cárcel al ex presidente de esta entidad, Francisco González, por los tejemanejes que presuntamente él y otros siete encausados urdieron y que llevaron a Pineda a la cárcel durante tres años (de los que fue absuelto por el Tribunal Supremo) y a la quiebra de sus empresas.

Pineda, en un escrito de su abogado Ignacio Menéndez, ha pedido este embargo como medida cautelar, sin esperar al juicio, aún sin fecha.

Entre otros argumentos para estas medidas, se exponen los retrasos y demoras anunciados por varios juzgados centrales de la Audiencia Nacional en la tramitación de asuntos debido a sobrecarga de trabajo y falta de personal, con vacantes de funcionarios en sus plantillas.

Por este motivo, entre otros, Pineda pide la adopción de medidas cautelares al amparo de lo dispuesto en los artículos 529 y ss., 589 y ss. y 785 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en concordancia con los artículos 108 a 110 del Código Penal.

Las razones son las siguientes, según explica el abogado Menéndez en su escrito:

«Que el Ministerio Fiscal ha presentado ya su escrito de acusación en las presentes actuaciones, calificando los hechos como constitutivos de delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos particulares con difusión a tercero, y solicitando la imposición de penas muy graves, por encima en alguno de los casos de más de cien años de prisión.
«Que la Acusación Particular se adhiere íntegramente a la calificación del Ministerio Fiscal, ha formulado además su propia calificación provisional que consta en escrito de fecha 15 de septiembre de 2024 y, adicionalmente, reclama la responsabilidad civil derivada de los hechos, cifrada provisionalmente en la cantidad de 196 millones (196.318.993,22 €)».
«Que los hechos objeto de acusación revisten especial gravedad y han generado un perjuicio patrimonial cierto y cuantioso a mi representado, existiendo fundado riesgo de que los acusados puedan dilapidar, ocultar o transmitir su patrimonio con el fin de eludir la eventual civil y/o el pago de las multas que pudieran imponerse».

Las medidas cautelares patrimoniales que se piden son: embargo
preventivo, anotación preventiva de embargo, intervención o administración judicial de bienes, que, según la ley, pueden adoptarse en cualquier momento del procedimiento, incluso una vez presentados los escritos de acusación, «cuando existan indicios racionales de criminalidad y peligro de insolvencia o de frustración del derecho a la indemnización».

Y todo ello por «la gravedad de las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares, todas ellas muy graves conforme consta en los respectivos escritos de conclusiones provisionales, lo que constituye un indicio objetivo del alto riesgo de elusión de responsabilidades».

Pineda exige el «embargo preventivo de bienes muebles e inmuebles, saldos bancarios, vehículos, participaciones sociales, derechos de crédito y cualquier otro bien de titularidad de los acusados hasta cubrir la cantidad de 196 millones», así como que se efectúe una «anotación preventiva del embargo en el Registro de la Propiedad respecto de los inmuebles de su titularidad, con la correspondiente prohibición de disponer de ellos».

También reclama la «intervención o administración judicial de las cuentas bancarias y de los rendimientos de cualquier naturaleza que perciban los acusados, a excepción de las mínimas para su subsistencia y que se recomienda prudencialmente en la suma de 3.000 euros al mes».