La Audiencia Nacional juzga este martes a Verónica R.Y., una mujer que se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de prisión por un delito de autoadoctrinamiento y autocapacitación con fines terroristas. Según el escrito de acusación, la procesada no solo habría adoptado ideas yihadistas vinculadas al Estado Islámico (DAESH), sino que también habría manifestado su deseo de convertir a sus hijos en combatientes de la yihad.
Vivía junto a sus cuatro hijos en un domicilio en España y, según el Ministerio Público, tenía la intención decidida de desplazarse con ellos a un territorio controlado por el DAESH. “Mis hijos hacen la yihad algún día, ‘inshalah’, los cuatro, tengo cuatro leones aquí…”, escribió en uno de los mensajes intervenidos por los investigadores.
El Ministerio Fiscal sostiene que Verónica R.Y. había planificado su desplazamiento al califato con búsquedas de vuelos e itinerarios. En los dispositivos intervenidos durante el registro de su vivienda se halló abundante material yihadista, además de evidencia de que administraba canales de mensajería desde los que difundía propaganda pro DAESH.
En total, se requisaron casi 80 gigabytes de datos almacenados en dispositivos utilizados tanto por ella como por sus hijos. Los archivos contenían contenidos en español, árabe y ruso, y muchos de ellos estaban cargados de mensajes con lenguaje épico y religioso con el objetivo de captar y radicalizar a nuevos seguidores.
A juicio de la Fiscalía, la mujer no era una simple receptora de contenido yihadista, sino que también participaba en su difusión activa, colaborando con los fines propagandísticos del DAESH. Aunque no se ha acreditado que consiguiera adoctrinar a terceras personas ni que llegara a radicalizar completamente a sus propios hijos, su perfil se enmarca en una tendencia creciente de autoadoctrinamiento digital que alarma a las autoridades.
El juicio pone de nuevo el foco sobre el papel de las redes sociales y las plataformas de mensajería cifrada como espacios clave para la difusión de discursos extremistas. La Fiscalía también ha solicitado que Verónica R.Y. sea inhabilitada durante nueve años para el ejercicio de derechos políticos y laborales vinculados con la administración pública.
El proceso judicial que comienza este martes en la Audiencia Nacional podría sentar un nuevo precedente en los casos de autoadoctrinamiento con implicaciones familiares, especialmente cuando los menores están expuestos a entornos radicales bajo el cuidado de sus progenitores.