Atención ciudadanos: esto Marlaska tampoco lo cuenta

Cuando la seguridad nacional está en juego, el silencio deja de ser una explicación política y comienza a convertirse en una cuestión de responsabilidad institucional

Por JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ FLORES
Jurista. Especialista en Derecho Penal y Penitenciario. Madrid.

España merece saber la verdad.

Lo conocido en las últimas horas sobre los acontecimientos de Ceuta no permite ya despachar el asunto como una simple controversia política sobre inmigración. Estamos ante hechos que, de confirmarse en toda su extensión, afectan directamente a la seguridad nacional, al control efectivo de nuestras fronteras y, en último término, a la propia soberanía del Estado.

La información publicada resulta extraordinariamente grave: un informe policial remitido a la Audiencia Nacional apuntaría a que agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes habrían guiado la entrada masiva de personas en Ceuta con una finalidad que podría ir mucho más allá de un fenómeno estrictamente migratorio.

Y ahora el ministro del Interior pregunta a la propia Policía desde cuándo conocía esa información.

La pregunta jurídica e institucional es inevitable:

¿Cómo es posible que el máximo responsable político del Ministerio del Interior afirme desconocer información de semejante trascendencia?

Pero hay más.

También se ha conocido la existencia de documentación e información de inteligencia previa a los acontecimientos. Los días 28 y 29 de julio ya existían análisis y alertas sobre el riesgo de una entrada masiva en Ceuta.

Por tanto, ya no basta con preguntar qué ocurrió el día 30.

Hay que preguntar qué sabía cada órgano del Estado antes del día 30, cuándo lo supo, a quién se comunicó y qué decisiones se adoptaron después de conocerlo.

Y existe otra cuestión que debe ser aclarada con absoluta transparencia.

Durante aquellos días comenzaron a circular imágenes e informaciones que presuntamente permitirían relacionar a determinados individuos posteriormente identificados o investigados por posibles vinculaciones con el extremismo yihadista con miembros o efectivos de las fuerzas de seguridad marroquíes.

Su autenticidad, contexto, identidad de las personas fotografiadas y eventual conocimiento previo por las autoridades españolas deben ser oficialmente determinados. Un Estado de Derecho no puede convertir rumores en hechos, pero tampoco puede ignorar indicios potencialmente relevantes para la seguridad nacional.

Si esas imágenes forman parte de información policial o de inteligencia conocida por nuestras autoridades, España tiene derecho a saber desde cuándo se conocían y qué se hizo con ellas.

Aquí no se trata de ideologías.

El artículo 104 de nuestra Constitución encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Y el artículo 97 atribuye al Gobierno la dirección de la política interior y exterior y de la Administración civil y militar y la defensa del Estado.

Cuando hablamos de una frontera exterior española y europea, de decenas de miles de entradas irregulares y de la posible intervención organizada de agentes de un tercer Estado, estamos hablando de una cuestión de Estado.

Por eso alguien tendrá que explicar una contradicción difícilmente sostenible:

si Interior conocía la información, deberá explicar por qué no actuó o por qué no la hizo pública en los términos correspondientes.

Y si realmente no la conocía, deberá explicar cómo información de semejante trascendencia pudo circular dentro de estructuras policiales sin llegar al ministro responsable de ellas.

Cualquiera de las dos posibilidades exige explicaciones.

No corresponde a un artículo periodístico declarar responsabilidades penales ni anticipar conclusiones que pertenecen a jueces y fiscales. Sí corresponde, sin embargo, exigir responsabilidad política, transparencia y rendición de cuentas.

Porque cuando está en juego la seguridad de España, “yo no lo sabía” no puede convertirse indefinidamente en una respuesta institucional.

Los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad.

Ceuta tiene derecho a conocer la verdad.

Y nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad merecen que se esclarezca quién sabía qué, cuándo lo sabía y qué órdenes se impartieron.

La cuestión ya no es únicamente qué ocurrió en Ceuta.

La cuestión es mucho más incómoda:

¿HASTA CUÁNDO PUEDE CONTINUAR FERNANDO GRANDE-MARLASKA AL FRENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SIN QUE SE ACLARE TODO LO QUE SU DEPARTAMENTO SABÍA?

España no necesita más silencios.

Necesita respuestas.

Y las necesita ya.

Lean y contrasten la información publicada por FUENTES INFORMADAS.