Argentina y Cuba lideran las solicitudes de nacionalidad española para descendientes de exiliados

10 de julio de 2024
2 minutos de lectura
Pasaportes españoles / EP

El Consejo de Ministros ha acordado prorrogar un año más la medida prevista en la Ley de Memoria Democrática

Los consulados en Argentina y Cuba representan más del 50% de las más de 300.000 solicitudes de nacionalidad española presentadas entre octubre de 2022 y marzo de 2024, bajo la Ley de Memoria Democrática. Esta legislación permite a los descendientes de españoles exiliados acceder a este beneficio, según datos revelados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

El Consejo de Ministros ha autorizado el pasado martes, como ya había adelantado en febrero el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ampliar un año el plazo para ejercer el derecho de optar a la nacionalidad española recogido en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que daba dos años.

Según ha explicado Exteriores en un comunicado, desde que la ley entró en vigor el 22 de octubre de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2024, las Oficinas del Registro Civil Consular habían recibido 301.121 solicitudes de opción a la nacionalidad española de origen. En el primer año de entrada en vigor de la medida, según los datos recabados en su momento por Europa Press, se habían concedido más de 102.000 nacionalidades.

Más del 95% de estas solicitudes se han recibido en los consulados en países de Iberoamérica, así como en el Consulado General de España en Miami. En el caso concreto de Argentina, los cinco consulados generales que hay en el país acumulan el 40% de las solicitudes y si se les suman las recibidas por el Consulado General en La Habana la cifra se eleva al 53%.

El Gobierno amplía un año el plazo para solicitudes de nacionalidad española

El departamento bajo la dirección de José Manuel Albares ha explicado que todas las oficinas consulares tienen un número de solicitantes que difícilmente podrán recibir cita y ser atendidos antes de que finalice el plazo de dos años establecido por la ley.

Por este motivo, Exteriores justificó que el Gobierno decidió prorrogar un año el plazo “para poder atender todas las solicitudes de cita ya presentadas y pendientes de asignación de fecha, así como todas las solicitudes que se presenten y no puedan ser atendidas en los dos primeros años de aplicación inicialmente previstos en la ley”.

En concreto, la citada disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática permite a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente fueron españoles, solicitar la nacionalidad española si perdieron o renunciaron a ella como consecuencia del exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia, o de orientación e identidad sexual.

La ley también incluye a los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, así como a los hijos e hijas mayores de edad de españoles que recuperaron su nacionalidad de origen en virtud de la Ley de Memoria Histórica de 2007.

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