Hoy: 16 de diciembre de 2024
Víctor de Aldama, empresario implicado en el caso Koldo, asegura ante el Tribunal Supremo (TS) que entre 3,5 y cuatro millones de euros en comisiones habrían sido repartidos por adjudicación de obras públicas. Según su testimonio, estas presuntas mordidas habrían beneficiado al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al PSOE.
Durante más de tres horas de comparecencia ante el magistrado Leopoldo Puente, De Aldama desglosó cómo se distribuían las supuestas comisiones: una parte para él, otra para Ábalos, otra para García, y el resto dirigido al partido político. Fuentes jurídicas han confirmado que el empresario mantuvo esta línea argumental, reiterando declaraciones previas realizadas en la Audiencia Nacional.
De Aldama también ratificó haber realizado un pago de 15.000 euros al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, además de entregar comisiones de hasta 250.000 euros a Ábalos y 400.000 euros a García. Según su declaración, las transacciones forman parte de un esquema mayor de desvío de fondos relacionados con adjudicaciones públicas.
El empresario afirmó además haber financiado el alquiler de tres pisos en Madrid, a través de la plataforma Airbnb, que supuestamente fueron utilizados por Ábalos y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para encuentros en compañía de “señoritas”.
De Aldama presentó este lunes al Supremo copias de conversaciones de WhatsApp y un documento manuscrito que, según sus afirmaciones, respaldarían los supuestos pagos ilícitos. Estas pruebas se suman a un informe con anexos entregado previamente, donde detalla su versión de los hechos.
El empresario acudió al tribunal escoltado por Daniel Esteve, propietario de la empresa Desokupa, quien lo acompañó hasta la puerta del edificio sin ingresar. A su salida, Esteve lo recogió nuevamente, generando comentarios por la presencia de esta figura vinculada a desahucios polémicos.
Con estas nuevas declaraciones, el caso Koldo adquiere mayor dimensión, aunque De Aldama no implicó a ningún otro miembro del Gobierno de Pedro Sánchez. La investigación continuará bajo la dirección del Tribunal Supremo, que analizará las evidencias presentadas.