Al menos una docena de estados de EE UU presentan una demanda contra Trump por los aranceles

«El presidente ha alterado el orden constitucional y ha sembrado el caos en la economía estadounidense», expone la denuncia

El pulso entre varios estados y la Administración de Donald Trump ha escalado este miércoles con la presentación de una demanda colectiva por parte de 12 estados estadounidenses que cuestionan la legalidad de la política arancelaria del expresidente. Los fiscales generales, en su mayoría demócratas, han elevado el caso al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, acusando a Trump de extralimitarse en sus funciones y de pisotear la autoridad del Congreso para regular el comercio exterior.

«Al arrogarse la autoridad para imponer aranceles inmensos y en constante cambio sobre cualquier mercancía que entre en Estados Unidos, por cualquier razón que considere conveniente para declarar una emergencia, el presidente ha alterado el orden constitucional y ha sembrado el caos en la economía estadounidense», expone la denuncia, encabezada por los fiscales de Arizona, Kris Mayes, y de Oregón, Dan Rayfield.

En el centro del conflicto está el uso que hizo Trump de una controvertida legislación de 1977 —la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional—, que otorga al presidente poderes especiales en materia comercial si el país se encuentra en una situación de emergencia. Según los estados demandantes, el expresidente abusó de esta ley para imponer tarifas sin una justificación válida.

«Las supuestas ‘amenazas inusuales y extraordinarias’ identificadas por Trump como ‘emergencias nacionales’ no constituyen emergencias. Tampoco son extraordinarias, ni siquiera inusuales», sostiene la acusación, que incluye a estados como Nueva York, Colorado, Illinois, Nevada y Vermont, entre otros.

Desde la Casa Blanca, la respuesta no se ha hecho esperar. El portavoz adjunto Kush Desai ha tachado la acción legal de «cacería de brujas», asegurando que la Administración Trump «mantiene su compromiso de utilizar toda su autoridad legal para enfrentar las distintas emergencias nacionales que nuestro país enfrenta actualmente, tanto el flagelo de la migración ilegal y los flujos de fentanilo a través de nuestra frontera como el explosivo déficit comercial anual de bienes».

La ofensiva judicial no es un caso aislado. La semana pasada, un grupo de empresas estadounidenses ya había presentado su propia demanda, y organizaciones de derechos civiles también han llevado quejas similares ante la justicia. El conflicto legal en torno a los aranceles se intensifica, y lo que está en juego no es solo una disputa económica, sino los propios límites del poder presidencial en materia de comercio.