Se cumplen cinco años de la toma de Kabul por los talibanes y la instauración de un gobierno de facto en Afganistán. El régimen fundamentalista conmemoró la fecha con un comunicado oficial en el que pide «paz y tranquilidad» a la comunidad internacional.
Analistas y organismos internacionales, sin embargo, describen un escenario muy distinto: el de un fuerte retroceso en derechos y libertades. Hablan ya de un auténtico apartheid de género, mientras el movimiento consolida su poder sin lograr un reconocimiento internacional pleno.
En un comunicado oficial, los talibanes aseguraron que el autodenominado Emirato Islámico «quiere vivir en paz y tranquilidad con todos los países». Advirtieron, no obstante, de que no tolerarán injerencias externas ni permitirán que su territorio se use contra otros países.
Describieron su llegada al poder como una «liberación de la ocupación americana», en su propia versión de los hechos. Exigieron, además, a la comunidad internacional que respete «su territorio, su soberanía y sus intereses».
La reconquista del país se gestó en 2020, cuando el grupo firmó en Qatar un acuerdo con Estados Unidos. Aquel pacto buscaba poner fin a la presencia militar extranjera, pero se derrumbó ante el colapso institucional. En agosto de 2021, los talibanes tomaron Kabul y el entonces presidente, Ashraf Ghani, huyó del país. Desde entonces, la directora de FIBGAR, Alessia Schiavon, califica la situación como «una de las peores crisis humanitarias y de Derechos Humanos del mundo».
En estos cinco años, el régimen ha aprobado 264 decretos que vulneran los Derechos Humanos, 166 de ellos dirigidos contra mujeres y niñas. Esas medidas afectan a 20 millones de afganas en prácticamente todos los aspectos de su vida. Schiavon resume la situación como «una experiencia piloto de lo que puede significar el apartheid de género».
En mayo, los talibán aprobaron además el Decreto 18, que reconoce los matrimonios concertados durante la infancia. La norma dificulta que mujeres y niñas puedan cuestionar o abandonar esas uniones, mientras los hombres pueden divorciarse de forma unilateral. Amnistía Internacional, Entreculturas y Mundo Cooperante han pedido conjuntamente que los talibán reformen todo este sistema.
En junio, la Unión Europea recibió por primera vez a una delegación talibán, algo sin precedentes desde la toma de Kabul. El encuentro confirmó una realidad ya asumida: reconocido o no, el régimen es la única autoridad del país. Solo Rusia ha reanudado relaciones diplomáticas formales, aunque países como China, Irán o Qatar han estrechado lazos con Kabul.
El relator especial de la ONU, Richard Bennett, advirtió de que la normalización del régimen es peligrosa. Según Bennett, «normalizar un régimen que persigue sistemáticamente a más de la mitad de su población» solo «legitima la opresión». El líder talibán, el mulá Haibatulá Ajundzada, está además bajo orden de arresto del Tribunal Penal Internacional por crímenes contra la Humanidad.