Adif ha salido al paso de las informaciones que apuntaban a un supuesto blindaje de incentivos económicos para sus directivos después del accidente ferroviario de Urda, en Toledo. La empresa pública rechaza estas acusaciones y asegura que se ha ofrecido una versión incompleta de las decisiones adoptadas.
La polémica ha cobrado fuerza durante el fin de semana, después de que representantes del PP y Vox cuestionaran las prioridades del gestor ferroviario tras la tragedia, que dejó 69 fallecidos.
Según explica Adif, la reunión celebrada el 4 de noviembre no estuvo destinada a garantizar bonificaciones a sus responsables, sino a aprobar acuerdos de financiación con la Administración. Estos contemplan inversiones cercanas a los 19.000 millones de euros para reforzar la conservación y el mantenimiento de las infraestructuras.
La compañía también recuerda que las retribuciones variables vinculadas al cumplimiento de objetivos existen desde 2012 y afectan a unos 5.216 trabajadores, incluidos directivos y mandos intermedios.
Adif insiste en que este sistema ya figuraba en acuerdos anteriores y niega que se haya creado un incentivo extraordinario.
La controversia llega en plena precampaña electoral, mientras continúa el debate sobre la seguridad ferroviaria y las responsabilidades derivadas del accidente de Urda.