La expolicía Rosa Peral, condenada por el crimen de un agente, declara en el juzgado por presunta ocultación de bienes

Anteriormente, un tribunal estuvo investigando a la condenada por el crimen de la Guardia Urbana

Rosa Peral, la expolicía condenada por el crimen de la Guardia Urbana, se presenta en los juzgados de Tarragona, lugar donde fue citada a declarar como investigada por presuntamente ocultar bienes para evitar pagar indemnizaciones a familiares de la víctima del crimen, su expareja Pedro R, según informa Europa Press.

Peral ha llegado en una furgoneta de los Mossos d’Esquadra desde la cárcel de Mas d’Enric, en El Catllar (Tarragona), donde actualmente cumple la condena de 25 años que se le impuso por el asesinato de Pedro R. junto a Albert López, entonces su amante, condenado a 20 años.

También estuvo citado a declarar este miércoles el padre de Peral, investigado por el mismo delito que ella al supuestamente aceptar que su hija le cediera su coche y su casa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) días antes de que su condena fuera firme.

Investigados Rosa Peral y su padre por presunta ocultación de bienes

Anteriormente, un juzgado de Tarragona estuvo investigando a la condenada por el crimen de la Guardia Urbana y a su padre por presunta ocultación de bienes, después de transferirle la casa y el coche a su progenitor poco antes de ser condenada por el asesinato de su pareja, según ha podido saber Europa Press.

La jueza había citado a padre e hija a declarar este 24 de enero porque Peral supuestamente habría cedido su casa a su padre pocos días antes de que el Tribunal Supremo la condenara en firme a 25 años de cárcel por el asesinato de su pareja, un agente de la Guardia Urbana, según había avanzado La Vanguardia.

Se aceptó la querella presentada por los familiares de la víctima al considerar que puede haber indicios de delito de alzamiento de bienes, “al haber donado a su padre la casa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) de la que era propietaria para así no tener que indemnizar a los familiares de la víctima”.

La sentencia que condenó a Peral y a su amante, Albert López -también agente de la Guardia Urbana- por el asesinato, a 25 y 20 años, respectivamente, fijó que ambos debían pagar conjuntamente 885.000 euros a los familiares de la víctima, y que, en caso de no tener el dinero, les embargarían sus propiedades.

La condenada citó a un notario en prisión y trasfirió su casa y su coche a su progenitor, por lo que pasó a ser “insolvente” y se libró de abonar la indemnización.