Detenidos en Granada cuatro empresarios de hostelería y estética

La Policía Nacional, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, ha realizado una operación en la que se ha detenido a cuatro empresarios de orígenes marroquí, sirio y vietnamita por contratar reiteradamente a ciudadanos extranjeros sin permiso de residencia o sin estar amparados por las excepciones previstas para solicitantes de protección internacional.

Dos de los negocios regentados por los detenidos se dedicaban a la hostelería-restauración y el tercero a la estética y estaban situados en Granada y en el municipio de Armilla, según ha informado este miércoles en una nota el Cuerpo Nacional de Policía.

La investigación la inició la Policía Nacional durante una reunión de coordinación mantenida con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, en la que se les informó de hasta cinco inspecciones laborales llevadas a cabo entre noviembre del pasado año 2022 y septiembre de 2023 en tres centros de trabajo regentados supuestamente por uno de los empresarios investigados, de origen marroquí.

En estos lugares se identificaron a trabajadores que no disponían de autorización de residencia trabajo, no acudiendo el supuesto empresario al trámite de audiencia administrativo. Esta persona tampoco había abonado las sanciones impuestas por las infracciones graves en materia laboral.

A partir de ese momento, los agentes de la Policía Nacional realizaron varias comprobaciones consecutivas en los tres establecimientos, en Granada y Armilla y en todas ellas se identificaron hasta a 15 trabajadores de nacionalidades, venezolana, colombiana y vietnamita que carecían de autorización de residencia y trabajo, muchos de ellos supuestos solicitantes de protección internacional.

Trabajos de restauración y estética

Estas personas se identificaron mientras realizaban trabajos de camareros, cocineros y manicura, incumpliendo la legislación en materia de trabajo. De igual modo se identificaron varios trabajadores españoles, quienes tampoco figuraban de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Las comprobaciones policiales han acreditado que las licencias municipales de los negocios inspeccionados se habían expedido a nombre de personas distintas a quienes decían ser los titulares, quienes trataban de eludir sus responsabilidades administrativas y laborales mediante una supuesta cesión contractual privada hacia las personas que acudían a los locales en el momento de las inspecciones, dándose la circunstancia de que dicha cesión siempre tenía fecha anterior a las inspecciones de trabajo realizadas.

Igualmente, los empleados señalaban a estas otras personas como quienes les habían contratado y les pagaban el salario acordado, muy por debajo de convenios gremiales, o bien como quienes acudían a diario a recoger la recaudación.

Con esta conducta delictiva los empresarios investigados obtenían un beneficio directo derivado de no abonar las cotizaciones de seguridad social de sus trabajadores, ocasionando además perjuicios fiscales al no contribuir con pagos de IRPF y otros tributos indirectos derivados de realizar actividades en la economía sumergida, constituyendo además estas conductas un ilícito penal, concretamente un delito contra los derechos de los trabajadores.