Querella por cinco delitos contra los dos ‘policías karatecas’ que allanaron sin orden judicial la casa de una migrante y le rompieron un brazo

La defensa pide al juez que identifique a los otros ocho funcionarios policiales de Móstoles que supuestamente allanaron y registraron sin autorización la vivienda de la víctima

César Mateo-Sagasta Llopis, abogado de oficio de Anna D., la migrante africana de 31 años y madre de dos hijos a la que dos policías locales de Móstoles, expertos en kárate, fracturaron los huesos de la muñeca izquierda tras allanar supuestamente su vivienda y llevársela detenida a rastras y semidesnuda (porque tenía la música alta a deshoras) ha interpuesto una querella contra ambos agentes en la que les imputa cinco delitos graves: allanamiento de morada, torturas, detención ilegal, simulación de delito y falsedad documental.

La evidencia nuclear de este asunto es un vídeo de móvil que grabó un compañero de la vivienda durante la operación policial y que FUENTES INFORMADAS divulgó en primicia el pasado 17 de mayo. Un vecino del inmueble avisó a la policía local de que había música alta a deshoras de la madrugada en una vivienda adyacente; y allí se presentaron los agentes. La chica que les abrió les dijo, con la puerta entreabierta, y tras pedirle los policías que se identificara, que no sabía donde tenía el NIE. Y les entregó una tarjeta bancaria con su nombre.

Pero según las imágenes del vídeo, los agentes le dicen que la tarjeta es insuficiente. Mientras, uno de ellos, desde fuera de la puerta, la agarró de la muñeca izquierda y se la retorció intentando sacarla a rastras de la casa (tanto que le fracturó varios huesecillos de la muñeca izquierda y hubo de ser escayolada)

Finalmente, los agentes entraron en la casa, la redujeron y se la llevaron medio desnuda a la comisaría, tras acusarla de atentado y resistencia a la autoridad. Hechos estos que, a juzgar por el vídeo, no son ciertos.

Salvo algún que otro insulto y decirles ella que no podían entrar a la casa porque carecían de orden judicial, en ningún momento se aprecia agresión de la víctima a los agentes. Sí de estos a ella, retorciéndole el brazo hasta fracturarlo, reduciéndola en el suelo de hall y en la cocina sin permiso judicial… La chica chilló pidiendo auxilio porque tiene problemas de asma y, según se le oye decir en el vídeo, sentía que “se iba a morir”. Un agente le apretó el pie encima de la espalda para ponerle los grilletes.

“Mentiras en el atestado”

El abogado Mateo-Sagasta asegura en la querella que los agentes mintieron en el atestado al redactar que la chica les había agredido, lo que no se aprecia en el vídeo. Los policías tratan con ello de justificar el allanamiento de morada, alegando que la chica cometió un delito en flagrante.

La en muchos casos táctica policial de decir que las lesiones de un detenido se las ha provocado él al resistirse a una detención, y además atribuirle un atentado a la autoridad, sucumbe en este caso ante la inesperada evidencia del vídeo. “La detención era evidentemente ilegal, por lo que, para convertirla en legal proceden a inventarse los delitos de atentado y resistencia, no dándose las circunstancias ni los hechos de ninguna de las dos figuras, extraordinariamente similares. A lo que añaden las lesiones leves, que en ningún momento les ha producido mi representada…”, destaca el abogado Mateo-Sagasta.

Los agentes no quieren que el juez, que sí lo ha hecho ya, admita el vídeo como prueba. Aseguran que está manipulado y que no recoge las escenas en que la joven les agredió. El vídeo se hizo desde el móvil de uno de los jóvenes que había esa noche en el citado piso, un tercero. Los policías, que tienen títulos internacionales en kárate, dicen que está manipulado y que no debe aceptarse por el juzgado. Pero, en cambio, no piden que se practique una pericial judicial indicando qué pasajes están adulterados.

Los policías estaban citados este próximo 28 de noviembre en el Juzgado de Instrucción 2 de Móstoles en calidad de imputados, pero el juez ha pospuesto la declaración por indicación de ellos y hasta que testifique la querellante. Esta fue citada hace dos semanas, pero no compareció porque se hallaba en el extranjero, según fuentes jurídicas. El juez tendrá que citarla de nuevo. Los delitos que se imputan a los agentes tienen muchos años de cárcel y penas de inhabilitación.

Los agentes de la autoridad tienen presunción de veracidad en lo que redactan. Estos han elaborado un atestado en el que narran unos hechos que no se corresponden con lo que se ve en el vídeo, y acusan a Anna D. de atentado y resistencia a la autoridad, pero omiten explicar y ladean una de las escenas fundamentales desde la perspectiva penal: la irrupción y detención de la joven dentro de su vivienda y sin tener una orden judicial.

Ese aspecto casi ni lo mencionan en el atestado. Y, además, da la casualidad que las supuestas lesiones que describen de la joven a ellos se produjeron precisamente cuando no existe grabación. Es decir, no hay imágenes. De ahí que uno de delitos que imputa el abogado a los agentes sea el de simulación de delito.

Después de llevarse detenida a rastras a Anna D., ocho agentes de la policía local de Móstoles que acudieron en supuesta ayuda de sus colegas karatecas también irrumpieron en la casa sin orden judicial e hicieron un registro. Testigos del hecho, los otros jóvenes que había esa noche en la casa. Por eso, el abogado César Mateo-Sagasta ha pedido al juzgado que ordene al Ayuntamiento de Móstoles que identifique a esos agentes.

“Infracción administrativa”

Sostiene el letrado que también esos ocho policías cometieron un allanamiento de morada. “Incomprensiblemente y mientras procedían a un registro absolutamente ilegal los refuerzos, los agentes querellados se llevaban detenida a mi representada por una infracción administrativa, pero como el ascensor, al parecer, no funcionaba, se la llevaron a rastras por la escalera”, afirma.

El abogado añade que los agentes convirtieron un tema administrativo, susceptible, por ejemplo, de la imposición de una multa, por tener la música alta, en un tema penal con allanamiento de morada. “En ese caso sería un ilícito administrativo, que en los casos que establece la Ley, serían susceptibles, o no, de la correspondiente sanción, pero no un asunto penal”, señala.