Solicitan dos años de prisión para el presidente de una ONG por intento de estafa en la compra de mascarillas quirúrgicas

El incidente tuvo lugar cuatro meses después de la declaración del estado de alarma, cuando, según la Fiscalía, el acusado contactó por correo electrónico con una empresa de transporte

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una solicitud de dos años de prisión para D. F. G. O., presidente de la ONG Jareza Dos, por su presunto intento de estafa a una empresa de transporte en la adquisición de mascarillas quirúrgicas. El Ministerio Público le imputa un delito de estafa en grado de tentativa.

El incidente tuvo lugar cuatro meses después de la declaración del estado de alarma, cuando, según la Fiscalía, el acusado contactó vía correo electrónico con la empresa de transporte Flight Services Servicios Aeroportuarios SA (WFS). En la comunicación, instó a la compañía a abonar la suma de 54.546,07 euros, con una alegación de pérdida de mercancías, específicamente mascarillas quirúrgicas.

La Fiscalía sostiene que adjuntó al correo electrónico una factura manipulada, con la firma del acusado, donde indicaba que había sido emitida a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid. En esta factura se detallaba la venta de 30.000 mascarillas quirúrgicas y 10.000 mascarillas KN95, por un valor de 28.400 euros.

Sin embargo, según la investigación, esta factura manipulada buscaba justificar parte del importe de otra factura emitida por la ONG a WFS, por un total de 54.456,07 euros. Esta última factura reclamaba una indemnización por la supuesta pérdida de las mascarillas, cuya custodia y almacenaje estaban a cargo de la empresa transportista.

La ONG reclamaba, entre otros conceptos, el importe y gastos derivados de la adquisición en origen de las mascarillas (26.056 euros) y el importe de la supuesta venta comprometida con el Ayuntamiento de Madrid (28.400 euros). La Fiscalía argumenta que el verdadero lucro cesante es la diferencia entre ambos valores, de 2.344.

El juicio está programado para el día 21, a las 10:00 horas, en la Sección 23ª de la Audiencia Provincial de Madrid.

La Fiscalía destaca que esta comunicación no debe considerarse como la publicación oficial de un documento público, y que la difusión de datos personales se realiza de acuerdo con la normativa aplicable para su eventual tratamiento con fines periodísticos. Y enfatiza que cualquier tratamiento de datos personales debe cumplir con las leyes de protección de datos en vigor.