Un tribunal analizará el 10 de octubre cómo resarce “la locura” que hizo el Gobierno de Rajoy con el Banco de Madrid

El Banco de Madrid fue intervenido después de que la ‘policía patriótica’ exigiera a los dueños las cuentas de Pujol y Junquera coincidiendo con el procés. Los accionistas reclaman 150 millones de euros por daños y perjuicios

La Audiencia Nacional, sección 5ª de la Sala de lo Contencioso, ha fijado la fecha del próximo 10 de octubre para analizar y decidir cómo resarce a los dueños de la Banca Privada de Andorra (BPA) por “las barbaridades” que perpetró el Gobierno de Mariano Rajoy con la sucursal que esta entidad poseía en la capital de España, el Banco de Madrid.

El 10 de marzo de 2015, en una operación simultánea, los Gobiernos de Andorra y España intervinieron la BPA y el Banco de Madrid, respectivamente, con el argumento de que algunos clientes blanqueaban dinero (distintos jueces españoles investigaron posteriormente este asunto y concluyeron que todo era falso, que ni blanqueo ni nada).

Los audios del comisario Villarejo que destapó este periódico acreditan que lo que realmente subyacía en este asunto nada tenía que ver con un supuesto blanqueo, sino que se trató de una venganza urdida por la polícía patriótica española contra la BPA por no haber querido sus dueños facilitarle las cuentas de los líderes secesionista, entre ellos Jordi Pujol y Oriol Junqueras.

Hubo una amenaza previa (que está grabada y que hoy ofrece este periódico en esta misma información) en la que el agregado de Interior en la Embajada de España en Andorra le advierte al CEO de la BPA que, o le da las cuentas de los independentistas o la entidad, en este caso el Banco de Madrid, o la entidad sería intervenida.

Y es tal cual lo que sucedió más tarde, que el Banco de España intervino el Banco de Madrid a la vez que el Gobierno de Andorra se llevaba por delante a su matriz, la BPA, cargándose de esta forma a la que entonces era la segunda entidad más solvente de Europa. Hoy, en cambio, y desde que está en manos del Gobierno del Principado, la BPA tiene un agujero de casi 500 millones de euros.

“Lo que se hizo fue una barbaridad que ha hecho mucho daño patrimonial y personal a unos empresarios honestos que se vieron envueltos sin querer en la locura del procés”, afirman fuentes policiales conocedoras de las acciones que realizó la policía patriótica ante el FinCen americano, el servicio antiblanqueo de EE UU, para desprestigiar sin fundamento a la BPA y conducirla a la quiebra. “Engañaron al FinCen, y el Gobierno de Andorra, en lugar de defender a uno de sus principales bancos, lo dejó caer sin mover un dedo”, añaden estos medios.

Tras esta operación, las grandes fortunas han dejado de fijarse en Andorra como una plaza seria para situar sus ahorros. Y la economía del Principado lo está notando.

No había blanqueo

Los accionistas de la BPA, tras quedar claro en los tribunales penales españoles que la entidad no cometió delito alguno de blanqueo (hay resoluciones judiciales en las que los propios jueces muestran su asombro por la arbitrariedad cometida contra esta entidad), piden al Gobierno de España, entonces presidido por Rajoy, que les resarza con casi 150 millones de euros. Los daños y perjuicios.

La cuantía de la indemnización es lo que debe dilucidar el citado tribunal el próximo día 10, es decir, si en España impera el Estado de Derecho o se da carta de naturaleza a una acción injusta que ha causado un enorme perjuicio a unos accionistas que se han visto arrastrados por los efectos perversos del procés. De la mano de la llamada policía patriótica, brazo ejecutor del plan que derivó en el actual abismo de la BPA. Porque, además, y para colmo, las cuentas de los independentistas no estaba en la BPA sino la banca rival, el AndBank de Andorra.

La policía patriótica no investigó en cambio al AndBank, el nido real de las cuentas de los independentistas, porque, según ha desvelado el comisario Villarejo, recibieron órdenes de sus superiores para que no se indagase porque existía la sospecha de que allí el rey emérito tenía una cuenta secreta, y no querían que esta saliera a la luz si se levantaban las alfombras del AndBank.

El tribunal que someterá a votación y fallo este asunto el próximo 10 de octubre, a partir de las 10.30 de la mañana, está presidido por José Luis Gil Ibáñez, y lo integran, además, los magistrados Margarita Pazos, Eduardo Hinojosa y Fátima de la Cruz Mera, ponente del asunto. Ella será la que someterá a la consideración de sus colegas la cuantía.

Los accionistas han presentado al tribunal informes y tasaciones que revelan los daños económicos causados. En total, casi 150 millones, dinero que debe pagar el Estado español porque fue su Gobierno el que, sin razón cierta, tal como han acreditado los jueces penales españoles, intervino el Banco de Madrid.

Los accionistas de la BPA tienen abierta otra acción civil en los tribunales de Andorra contra el Gobierno del Principado, que es el que, por su lado, intervino la BPA, la matriz. En este caso, los accionistas reclaman unos 500 millones de euros. El perjuicio total perpetrado asciende a unos 650 millones de euros.

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