Borrell lamenta que la gobernabilidad “dependa de a quien España le importa un carajo”

Juristas coinciden en que hay “dudas” y “controversia” sobre el posible encaje legal de una amnistía al ‘procés’

José Borrell lamentó este sábado que la formación de Gobierno en España “dependa de alguien a quien le importa un carajo”; mientras juristas sostienen que hay “dudas y controversias” sobre el encaje legal de una amnistía al ‘proces’.

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, lamentó la “paradoja” que la formación de Gobierno “dependa de alguien que dice y repite que la gobernabilidad de España le importa un carajo”, y a quien, en cambio, “solo le importa la solución, a su manera, claro, del conflicto entre España y Cataluña”.

“En mi opinión existe un conflicto entre catalanes, porque Cataluña no es monolítica. Los resultados electorales lo han demostrado”, afirma el exministro de Asuntos Exteriores español en una entrevista concedida a ‘El País’.

Borrell ha defendido que una democracia parlamentaria “exige pactos” y que estos pactos “requieren cesiones y compromisos”, en referencia a las negociaciones de investidura entre PSOE y los nacionalistas tras las elecciones del 23 de julio.

Sin embargo, ha apuntado que el problema es crear estructuras “a golpe de coyunturas”. “Hemos ido creando estructuras de Estado para resolver coyunturas parlamentarias. Deberíamos concebir el Estado que queremos y cómo deben funcionar las instituciones antes de tener que ceder a la presión del momento. Y a veces haciendo de la necesidad virtud”, sugirió.

Borrell afirmó que las pasadas elecciones del 23 de julio han sido un “parteaguas” en el ascenso “aparentemente imparable de la derecha extrema” y de la tendencia a que las “derechas clásicas y extremas” gobiernen en coalición, de tal manera que ha calificado a España de “contraejemplo” frente a las dinámicas de otros países.

Las explicaciones de Sánchez

Preguntado por si al Gobierno de Pedro Sánchez le ha faltado pedagogía para explicar las cesiones, Borrell ha sostenido que el presidente en funciones ha tenido que hacer frente a situaciones “muy difíciles”, pero que, no obstante, ha cosechado resultados positivos como la “desinflamación” del conflicto en Cataluña.

“Recordemos que en 2017 hubo riesgos reales de fragmentación del Estado. Y comparémoslo con la situación actual, con el PSC ayer proscrito y hoy superando en votos a los tres partidos independentistas juntos”, resaltó el ex ministro de Exteriores de España.

Sobre la falta de explicación de los indultos a independentistas y las reformas de los delitos de sedición y malversación, Borrell ha señalado que el propio Sánchez se dio cuenta de que era necesario explicarse “más y mejor”. “Eso fue lo que hizo inmediatamente después de convocar a elecciones”, apostilló.

Dudas jurídicas sobre posible amnistía a líderes del ‘proces’

Expertos constitucionalistas coinciden en que existen “dudas” y “controversia” sobre el posible encaje legal de una eventual ley de amnistía para los líderes independentistas investigados por el ‘procés’ y la declaración unilateral de independencia. Aseguran que hay quienes ven esta medida contraria a la Constitución y quienes consideran que la Carta Magna no la prohíbe de forma expresa; precisan, sin embargo, que todo dependerá de cómo se redacte y se tramite.

Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, recuerda que hay quienes sostienen que la amnistía cabe en la Constitución porque, aunque ésta prohíbe los indultos generales, “una amnistía es distinto de un indulto”. Por contra, apunta que hay quienes consideran que es inconstitucional porque la Carta Magna atribuye al Poder Judicial la competencia para juzgar y cree que la amnistía, en la práctica, borra esta acción de los tribunales, sostuvo en declaraciones a Europa Press.

Miguel Presno Linera, experto en Derecho Constitucional y catedrático de la Universidad de Oviedo, reconoce que hay controversia sobre el hecho que el término “amnistía” no se mencione en la Constitución, porque hay debate sobre si ello debe entenderse “como una prohibición o como un permiso”.

Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), tiene menos dudas y considera que una eventual amnistía para los investigados y condenados por el ‘procés’ introduciría “desigualdad” porque permitiría aplicar la ley para unos y no para otros por los mismos hechos que están penados en la legislación vigente.

“La ley sigue existiendo, pero haces una ley (de amnistía) para decir que tales artículos no se aplican a determinadas personas”, apunta Vidal al tiempo que destaca que ello supondría una vulneración de un derecho fundamental de todas las demás personas. “No se trata de derogar una ley penal, sino de dejar de aplicarla en determinados casos. Justificar esto es complicado. El juicio de proporcionalidad es muy complicado”, añade.

Daños al Poder Judicial

Arbós, que recalca que no entra a valorar si sería o no oportuno redactar dicha ley, considera que podría entenderse “contraria a la Constitución porque afecta al Poder Judicial”.

“Quienes sostienen que sería constitucional tienen el argumento de que la Constitución no lo prohíbe. A mí este argumento no termina de convencerme”, señala el jurista y explica que él tiene dudas sobre el encaje legal porque la Carta Magna contempla la potestad de juzgar de jueces y tribunales y la amnistía, en cierto modo, afecta dicha potestad.

En este sentido, señala que, a diferencia de un indulto –con el que un tribunal puede ver que se elimina el cumplimiento de la pena, pero no se elimina la condena ni la verdad jurídica–, la amnistía “borra por entero” lo juzgado. Presno Linera coincide y considera que la amnistía “podría ir en contra del principio de que corresponde en exclusiva a los tribunales juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”.

Al hilo, Arbós menciona otro aspecto que, a su juicio, podría plantear algún “problema”. Señala que una eventual ley de amnistía para los procesados y condenados por el ‘procés’ se podría aplicar, “con muchas comillas”, al “otro bando”, en referencia a los policías y guardias civiles que tienen procedimientos incoados por su comportamiento el 1-O.

Sobre este extremo, asegura que podría verse afectado el derecho a la tutela judicial efectiva de aquellas personas que emprendieron acciones legales en los tribunales contra agentes de la autoridad por presuntos delitos de lesiones.

Aún así, Arbós reitera que una eventual ley de amnistía es una “cuestión técnica” que para él “no está clara”. Pero insiste en que aunque es un asunto que colma ahora el debate político “en el plano estrictamente académico es bastante antiguo”.

Al margen, el catedrático recalca que “cualquier ley es constitucional mientras el Tribunal Constitucional (TC) no se haya pronunciado declarándola inconstitucional”. En este sentido, recuerda que en caso de que se firme dicha norma es posible que el Defensor del Pueblo, alguna comunidad autónoma o un grupo de más de 50 diputados presente un recurso de inconstitucionalidad ante la corte de garantías, que se pronunciaría para resolver esta cuestión “controvertida”.

Antecedentes de amnistías e inseguridad jurídica

Al hilo, Presno Linera recuerda que el Constitucional se pronunció en 1986 y admitió que podía haber amnistía, algo que –a su juicio– llevaría a pensar que en todo caso no estaría prohibida. “Lo que pasa es que el propio Tribunal Constitucional, en esa sentencia, le atribuye un carácter totalmente excepcional y en realidad lo que hace es vincularla a la propia amnistía del año 1977”, señala.

Así las cosas, considera que “en el mejor de los casos el legislador tendría una facultad excepcional y, por tanto, tendría que justificar dicha ley de amnistía”. Además, subraya que “esa ley sería constitucional si no vulnera algún otro tipo de derecho o bien constitucionalmente protegido”.

En este sentido, a Presno Linera le parece “muy difícil de justificar una amnistía que consista en excluir la persecución de determinadas conductas delictivas” porque “podría afectar al derecho a la tutela judicial efectiva de las personas perjudicadas por los hechos”.

Por su parte, Vidal asegura que dicha ley introduciría también “inseguridad jurídica” porque “se desprotegen bienes esenciales como el orden constitucional”. Y subraya, asimismo, que “hay que tener en cuenta” que hasta ahora la amnistía “solo se ha aplicado en situación de transición de dictadura a democracia”. “Si ahora estamos en una democracia, ¿estamos diciendo que la aplicación del Código Penal es impropio? Es una contradicción”, dice.

En marzo de 2021, la Mesa del Congreso rechazó tramitar una ley de amnistía propuesta por los partidos independentistas catalanes con la que pretendía amnistiar a todos los procesados y condenados por la consulta soberanista de Cataluña y el proceso independentista del referéndum del 1 de octubre de 2017.

El órgano de gobierno de la Cámara se apoyó entonces en el informe de los letrados del Congreso y – con los votos de PSOE, PP y Vox- inadmitió la iniciativa al considerarla inconstitucional. Las formaciones impulsoras de la ley presentaron un recurso contra esa decisión pero, en mayo de ese año, la Mesa confirmó su rechazo.

Aunque los partidos independentistas catalanes han incluido el debate sobre una eventual ley de amnistía en la mesa de negociación para recabar los apoyos necesarios para la investidura de Pedro Sánchez, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha negado este jueves que su formación haya prometido a ERC y Junts la amnistía para los implicados en el ‘procés’.