Gobierno y Corte Suprema en disputa: sentencias sin cumplir generan mayor tensión política

En medio de una controversia política, el máximo tribunal de justicia ha emitido dos decisiones significativas que generan tensiones y descontento. Por un lado, ha ordenado el aumento de la coparticipación a la Ciudad, desconociendo una división controvertida en el Senado. Por otro lado, se ha atribuido el asiento de Luis Juez en el Consejo de la Magistratura, a pesar de una supuesta maniobra.

La obligación de impartir justicia es fundamental en el sistema judicial, y se espera que todos los tribunales y juzgados, incluyendo la cabeza del Poder Judicial, cumplan con esta responsabilidad. Aunque nadie lo admitiría abiertamente, ha surgido información de una fuente confiable de la Corte Suprema que revela que se ha discutido informalmente la posibilidad de desviarse de esta obligación. A pesar del silencio por parte de los ministros, no hay una negación limpia al respecto.

Estos rumores encuentran terreno fértil para crecer debido a años de sospechas y malentendidos en el sistema judicial. Además, en la Cámara de Diputados, la Comisión de Juicio Político mantiene un proceso administrativo estéril contra los cuatro ministros de la Corte, con testigos y audiencias que ya no generan interés, y cuyo destino hacia la irrelevancia parece asegurado por la falta de votos del oficialismo para abrir una acusación formal en el recinto.

Sin embargo, existe la posibilidad de que haya una conexión invisible entre estos rumores y los hechos mencionados. ¿Es posible que la Corte haya tomado precauciones para evitar que la opinión pública cree que sus decisiones están motivadas por un deseo de venganza? ¿Este supuesto cuidado no termina beneficiando al kirchnerismo y respaldando la sustentabilidad de que los fallos tienen una inspiración política? Estas interpretaciones pueden surgir.

Los hechos en sí mismos pueden dar razones para ambas posturas. Por un lado, la Corte Suprema ha aceptado dos medidas cautelares que buscaban suspender las elecciones en San Juan y Tucumán debido a objeciones sobre la legalidad de las candidaturas peronistas. Estas decisiones afectaron directamente a Sergio Uñac y Juan Manzur, y el gobierno las grabaron recientemente después de ser derrotado en el territorio de Domingo Sarmiento.

Por otro lado, se acumulan los rechazos y el silencio en respuesta a los repetidos pedidos para que la Corte declare inconstitucional el artículo de la Constitución de Formosa que permite la reelección indefinida de los gobernadores. Sin embargo, esta cuestión puede cobrar relevancia ahora que el ministro de Justicia, Juan Martín Mena, ha generado controversia al solicitar a la Corte que anule ciertos artículos de la reciente Constitución de Jujuy. El tiempo revelará cómo se desarrolla esta situación.

Pero también podemos evaluar la paciencia de la Corte en relación a los temas de impacto político al observar cómo ha trabajado para hacer cumplir sus propias sentencias.

La situación financiera entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha generado controversia y tensiones. Un tema destacado es el reclamo de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad, ante la Corte Suprema de Justicia para que se cumpla una orden emitida hace más de seis meses. Dicha orden exigía al gobierno nacional aumentar el porcentaje de la coparticipación federal destinada a la Ciudad de Buenos Aires, el cual fue reducido de manera unilateral durante la crisis policial en la provincia de Buenos Aires en 2020.

A pesar de que la Corte Suprema solicitó el pedido de Rodríguez Larreta y seguramente al gobierno nacional aumentar los fondos asignados a la Ciudad mientras se analiza el caso, la orden nunca se cumplió. Esto ha generado un agujero financiero significativo y la administración porteña reclama una deuda de 110.000 millones de pesos, sumando el dinero no recibido durante este período, el reclamo recaudado a 252.000 millones de pesos.

A pesar de las gestiones realizadas por la administración de la Ciudad y otras acciones legales, el máximo tribunal ha admitido que su resolución parece no tener efecto alguno. Esta inacción ha llevado a retrasar el caso hasta este año electoral, en el cual Rodríguez Larreta busca la presidencia. Surge la pregunta de si entregarle esta suma millonaria en plena campaña podría influir en el proceso electoral con un favoritismo implícito. Por otro lado, no cumplir con la orden judicial podría perjudicarlo políticamente. Es importante recordar que el dinero en disputa pertenece a los habitantes de Buenos Aires, no a las autoridades.

Otra sentencia pendiente de la Corte Suprema se refiere a la división artificial del bloque de senadores oficialistas en el Senado argentino. Esta división se realizó con el objetivo de reclamar tres de los cuatro asientos que le corresponden al bloque en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La Corte Suprema rechazó esta maniobra, pero los kirchneristas mantuvieron su postura y designaron a Martín Doñate en el puesto que correspondía a Juez.

Estos casos muestran la complejidad de las disputas políticas y judiciales en Argentina, donde las decisiones y acciones de los tribunales supremos pueden tener un impacto significativo en el equilibrio de poder y en los procesos electorales.