Mañueco niega que se produzcan cambios en el protocolo para abortar en Castilla y León: “No se obligará a los médicos ni a las mujeres a nada”

Para la ministra de Sanidad, Carolinas Darias, las medidas propuestas por la Junta “no son admisibles conforme a la legalidad vigente, no caben en la ley, ni tiene ámbito competencial”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha negado que se vayan a introducir cambios en el protocolo de atención a mujeres embarazadas, al tiempo que ha aclarado que no se obligará “a nada” a médicos o pacientes, ya que serán éstas las que decidirán “libremente” si precisan más información.

“En ningún caso la Junta de Castilla y León actualiza el protocolo de actuación de las mujeres que se someten a una interrupción del embarazo”, ha sentenciado durante su comparecencia.

Fernández Mañueco se ha referido de este modo a través de una Declaración Institucional al protocolo con medidas “provida” sobre el aborto que defendió el pasado jueves el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y ha garantizado que lo que sí va a hacer la Junta es mejorar “las prestaciones” a las mujeres embarazadas.

“Las medidas que se implantarán mejoran y modernizan las prestaciones y las actuaciones en la aplicación de la cartera de servicios de atención a la mujer embarazada, no se modifica la cartera de servicios del Estado básica y común para España ni protocolo de Castilla y León”, ha explicado.

Asimismo, el presidente de la Junta ha manifestado su “estupefacción” ante el requerimiento del Gobierno central para dar marcha atrás en las medidas anunciadas, un documento que, por otra parte, aún no ha recibido.

Además, ha reclamado al Ejecutivo que deje de hacer política con las mujeres y le ha exigido que se centre en modificar la “chapuza” de Ley del Sí es Sí “cuanto antes”.

Darias advierte que acudirá a los tribunales si mantiene el plan ‘provida’

En este aspecto, la ministra de Sanidad, Carolinas Darias, ha advertido al Gobierno de Castilla y León que “no tendrá ninguna duda” en recurrir a la vía judicial si aplica las medidas “provida” anunciadas la pasada semana.

“Recurriremos a todos los mecanismos jurídicos para la defensa de la legalidad, si es necesario, no tendremos ninguna duda”, ha indicado Darias en una entrevista en la Cadena Ser tras la presentación de un requerimiento a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar alguna medida que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Para Darias, las medidas propuestas por la Junta “no son admisibles conforme a la legalidad vigente, no caben en la ley, ni tiene ámbito competencial”. Por ello, defiende que “la mujer tome la decisión libremente, sin interferencias de terceros y esto está contraviniendo la legalidad vigente y los derechos de las mujeres”.

Según ha explicado en la entrevista, Darias envió el pasado jueves al Consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, una carta en la que le solicitaba información sobre “qué instrucciones y protocolo se trataba”. En dicha misiva, la ministra le recordaba al titular autonómico de Sanidad “la obligatoriedad de cumplir con la ley vigente y no ir contra de la evidencia clínica y la praxis que ya tienen muy asentados los profesionales sanitarios”.

A dicha carta, según la ministra, Jesús Fernández Sanz respondió alegando que el Consejo de Gobierno de Castilla y León “no había adoptado ningún tipo de medida, para, a continuación, decir que se pondrán en marcha”. “A día de hoy ni la opinión pública sabe de qué medidas estamos hablando”, ha añadido Darias.

La ministra ha reconocido no haber mantenido ningún conversación verbal con el consejero y ha asegurado que llegado este momento “es mejor que se deje huella administrativa”. Por ello, “se decidió pasar directamente a la acción, con un paso previo, que es un requerimiento para defender la legalidad vigente y los derechos de las mujeres”.

Aunque la ministra ha detallado que antes de enviar el requerimiento ha habido un “análisis jurídico exhaustivo” del caso. “Desde la máxima serenidad y la máxima contundencia quiero dejar claro que no vamos a permitir un paso atrás en el derecho de las mujeres”, ha advertido.

Las clínicas de interrupción del embarazo rechazan las medidas

En este aspecto, la presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Francisca García, ha rechazado las nuevas medidas contra el aborto de Castilla y León porque “coacciona a las mujeres e incumple la Ley”.

“Nos parece que el señor García-Gallardo y Vox lo único que pretenden es coaccionar a las mujeres e incumplir la Ley, que garantiza que la mujer pueda gestionar su maternidad sin sufrir ningún tipo de coacciones como serían estas medidas”, ha denunciado Francisca García en declaraciones a Europa Press.

Sobre las ecografías, la presidenta de ACAI ha señalado que “las mujeres ya tienen acceso a toda su historia clínica, que ya incluyen las ecografías”. “En mi experiencia clínica, la mayoría no quiere ver la ecografía y ni mucho menos escuchar el latido cardiaco. Lo que pretende Vox es aumentar el sufrimiento y obligar a las mujeres ofreciéndoles algo que no desean”, ha lamentado.

Francisca García también ha negado que estas medidas sean “provida” o de “fomento de la natalidad”: “La prevención del embarazo no deseado no se realiza coaccionando a las mujeres, sino poniendo en marcha medidas que prevengan este problema que coloca a las mujeres en una situación de decidir sobre algo muy importante”.

Para la presidenta de ACAI, esas medidas deberían ser “el acceso bueno a la anticoncepción y una información y formación adecuada”. “Lo demás, culpabiliza a las mujeres e incrementa el sufrimiento de aquellas que ya han decidido interrumpir el embarazo”, ha argumentado.

ANDOC defiende que el plan puede “salvar vidas”

En contraposición, la presidenta de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC), Eva María Martín García, ha comentado que el plan contra el aborto de Castilla y León puede “salvar vidas” y ha asegurado que sólo establece ofrecer información a las mujeres, pero “no” forzarlas a realizarse una prueba.

“Es una polémica artificial política y una medida de presión al Gobierno hacia Castilla y León para meter miedo. Esta medida puede ayudar a salvas vidas. Se trata de ofrecer información, no de forzar, y esto sí está dentro de la legalidad”, ha zanjado la presidenta de ANDOC.