A nueve días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el socio que sentó a Pedro Sánchez en La Moncloa ha decidido contar cómo lo compró. Sin rodeos y sin pudor.
Carles Puigdemont, líder de Junts, lo resume en una entrevista publicada por El Mundo con una frase que debería avergonzar a cualquier gobernante: «Nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España».
No es una acusación de la oposición. Es el balance del hombre cuyos siete diputados hicieron presidente a Sánchez en noviembre de 2023. Es, en rigor, el recibo.
Fuentes Informadas trasladó a fuentes jurídicas muy solventes una pregunta concreta: si de lo que relata Puigdemont pueden deducirse delitos imputables al presidente del Gobierno. La respuesta fue tan rotunda como demoledora. «No hay ningún delito. No es un problema de prueba, es un problema de tipicidad». Y a continuación, la frase que retrata el país que gobierna Sánchez: «Ningún país democrático superaría esa entrevista sin sufrir una hecatombe política. España es diferente», indicaron fuentes del alto tribunal.
Puigdemont describe a Sánchez como una «persona amoral y con una ambición desmedida». No lo dice un rival.
Lo dice quien lo ha mantenido en el poder. La negociación de la investidura fue para Junts un experimento con un único objetivo: medir hasta dónde llegaban la ambición de poder y el cinismo del candidato socialista. El resultado no pudo ser más elocuente.
Según el relato del líder independentista, el PSOE decía que sí a casi todo, hasta el punto de que los negociadores de Junts no daban crédito a lo que escuchaban.
Hay un detalle que lo dice todo. Puigdemont asegura que nunca tuvo a Sánchez como interlocutor directo, ni en persona ni por teléfono. El presidente entregó lo que le pidieron sin dar la cara, mandando a otros a pagar en su nombre el precio de su continuidad.
La hemeroteca es implacable con Sánchez.
En el debate electoral de noviembre de 2019 se comprometió a traer a Puigdemont de vuelta a España para que rindiera cuentas ante la justicia. Dos días antes de las elecciones de julio de 2023 aseguraba en Televisión Española que el independentismo había pedido la amnistía y no la había obtenido, que lo que había tenido eran indultos condicionados. Salvador Illa lo repitió en dos ocasiones: no habría amnistía.
Semanas después de aquellas elecciones, la amnistía era la moneda con la que Sánchez pagaba su investidura. Y Junts, presume ahora su líder, escribió buena parte de su relato y de su armazón técnico. El hombre al que Sánchez iba a sentar ante los jueces acabó redactando la ley que lo libraba de ellos.
Puigdemont enumera lo cobrado con la frialdad de quien repasa un extracto bancario. La amnistía fue la condición previa, sin la cual no habría habido ni siquiera negociación.
El acuerdo de Bruselas añadió un espacio neutral en Suiza y un verificador internacional para supervisar al Gobierno de España. En inmigración, según su relato, el Ejecutivo claudicó a última hora en la presencia de los Mossos d’Esquadra en los controles fronterizos y en la gestión del NIE por la administración catalana.
A Junts le habían dicho que eso nunca ocurriría. Ocurrió. El referéndum de autodeterminación llegó a figurar por escrito en el acuerdo.
El líder de Junts define la amnistía como «una derrota de España» y una victoria del independentismo. Y admite algo todavía más humillante para el presidente: esperaba que el PSOE se resistiera bastante más. Que el beneficiario de una cesión se sorprenda de lo barata que le salió es el retrato más preciso de un gobernante dispuesto a todo con tal de seguir en el cargo.
Hay un pasaje de la entrevista que en cualquier otro país habría abierto todos los informativos y exigido una comparecencia inmediata. Puigdemont afirma que un alto dirigente socialista, al que no identifica, le ofreció una «solución personal» para regresar a Cataluña. Asegura que la rechazó y que dejó claro que, si tenía que quedarse toda la vida en el exilio, se quedaría.
Una afirmación de esa gravedad obligaría a cualquier presidente a explicar quién habló en nombre de su partido, con qué autoridad y a cambio de qué. La valoración de las fuentes jurídicas consultadas abarca el conjunto de lo que Puigdemont cuenta en la entrevista: tampoco ahí hay delito. Pero que algo no sea delito no lo convierte en decente.
La distinción que hacen las fuentes es devastadora para el presidente. Cuando una conducta no se persigue por falta de pruebas, queda al menos la sospecha de que, con más indicios, habría un caso.
Cuando el problema es de tipicidad, no hay caso posible porque lo descrito no encaja en ninguna figura del Código Penal. Comprar una investidura con una ley de amnistía, con competencias de Estado o con un verificador extranjero es, jurídicamente, política.
La amnistía se aprobó en las Cortes y el Tribunal Constitucional la avaló en lo esencial. Mentir a los votantes en campaña, prometer una cosa y hacer la contraria, no está tipificado.
Esa es la trampa en la que Sánchez se ha instalado con comodidad. El Código Penal no le alcanza y la responsabilidad política, la única que queda, ha dejado de funcionar. Entre una y otra, el presidente ha encontrado el hueco exacto para hacer lo que juró que nunca haría sin pagar por ello.
En cualquier democracia consolidada, que el socio parlamentario del jefe del Gobierno presumiera públicamente de haber explotado su ambición para derrotar al Estado provocaría una crisis inmediata: dimisiones, una rebelión interna en el partido, explicaciones urgentes en sede parlamentaria.
Aquí la entrevista ha caído en plena campaña y el candidato socialista sigue a lo suyo, de plató en plató, pidiendo una mayoría progresista para frenar lo que llama la involución de la derecha. Como si la confesión de su socio no fuera con él.
Mientras, Puigdemont espera que el Tribunal Supremo cierre el último fleco pendiente de su amnistía y estudia volver a Cataluña en diciembre, después de las elecciones. El fugado al que Sánchez prometió traer ante la justicia regresará como vencedor de una negociación que él mismo describe como una derrota de España.
«Me han jubilado muchas veces y aquí estoy, cotizando», presumía Sánchez hace unos días en televisión. Nadie discute su capacidad para sobrevivir. Lo que la entrevista de Puigdemont deja al descubierto es quién ha pagado la factura. Y no ha sido él.