El PSOE propone permitir votar desde los 16 años y crear un escaño ciudadano en el Congreso y el Senado

17 de noviembre de 2026
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Varias de estas medidas necesitarían reformas constitucionales, por lo que su aplicación dependería de alcanzar los acuerdos parlamentarios necesarios para llevarlas adelante

El PSOE plantea una serie de cambios en el sistema político español con el objetivo de ampliar la participación ciudadana y modificar el funcionamiento de algunas instituciones. Entre las principales propuestas de su programa electoral destaca la posibilidad de votar desde los 16 años y la creación de un escaño ciudadano en el Congreso y el Senado.

La reducción de la edad electoral supondría modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que actualmente establece el derecho al voto a partir de los 18 años. Esta iniciativa no es nueva, ya que en 2024 el Congreso respaldó estudiar una reforma similar impulsada por Sumar y acordada con los socialistas, aunque finalmente no prosperó.

Otra de las medidas contempla reservar un asiento en ambas cámaras para representantes de la sociedad civil. Este escaño no permitiría participar en las votaciones, pero sí trasladar preguntas al Gobierno y presentar propuestas y enmiendas.

Además, el partido pretende facilitar las iniciativas legislativas populares reduciendo las 500.000 firmas necesarias actualmente para presentarlas, aunque todavía no concreta cuál sería el nuevo mínimo.

En materia de juventud, los socialistas proponen crear un Defensor de las Generaciones Futuras, vinculado al Consejo de la Juventud de España, para incorporar las necesidades de los jóvenes a las decisiones políticas.

El programa también incluye limitar los aforamientos de los cargos públicos a los delitos relacionados con sus responsabilidades institucionales, una reforma que ya se intentó impulsar en 2018.

Respecto al Senado, el PSOE apuesta por reforzar su carácter territorial y sustituir las actuales circunscripciones provinciales por autonómicas.

Por último, plantea ampliar la presencia de las lenguas cooficiales en las instituciones y en la atención administrativa. Varias de estas medidas necesitarían reformas constitucionales, por lo que su aplicación dependería de alcanzar los acuerdos parlamentarios necesarios para llevarlas adelante.

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