Manos Limpias denuncia a los líderes de CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas por los piquetes de la huelga general

La organización les atribuye seis delitos, entre ellos atentado contra la autoridad, desórdenes públicos y lesiones, y los hace responsables de lo que llama «terrorismo callejero» en Madrid, Barcelona y Valencia

Manos Limpias ha presentado una denuncia penal ante los juzgados de instrucción de Madrid contra Unai Sordo, secretario general de CCOO, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, y Alicia del Río y Valeria Racu, responsables del Sindicato de Inquilinas. La organización los considera responsables de la actuación de los piquetes durante la huelga general del 11 de noviembre. El escrito lo firma este jueves su secretario general, Miguel Bernad, y les imputa seis delitos: atentado contra la autoridad, desórdenes públicos, delito contra los derechos de los trabajadores, coacciones y amenazas, daños y lesiones.

Según la denuncia, los denunciados convocaron la huelga, y los piquetes informativos que se formaron la víspera acabaron convertidos en «piquetes violentos y vandálicos». Manos Limpias sostiene que esos grupos impidieron a los camiones descargar en los mercados centrales de varias capitales, como Mercamadrid y Mercavalencia, y cortaron los accesos por carretera a las grandes ciudades. Les atribuye además el asalto a locales comerciales y el cierre de tiendas que habían abierto, forzado por amenazas. A eso suma pintadas y roturas de cristales, destrozos en el mobiliario urbano, barricadas y quema de contenedores, agresiones a agentes, y saqueos y quema de camiones aparcados en gasolineras.

La acusación se apoya en la idea de que los convocantes tenían que garantizar que la huelga respetara el derecho a trabajar de quienes no la secundaban. Según el escrito, no solo no lo hicieron, sino que «alentaron y respaldaron a los piquetes violentos». La organización va más allá y les culpa también, «como garantes de la huelga», de los actos de grupos antisistema y antifascistas en Madrid, Barcelona y Valencia, a los que califica de terrorismo callejero. Su argumento es que esos hechos ocurrieron dentro del horario de la huelga.

Entre los perjudicados, la denuncia cita a los transportistas que sufrieron daños en sus vehículos o tuvieron que volver sin descargar. También a los comerciantes que tuvieron que cerrar o cuyos locales fueron dañados, a los ciudadanos que no pudieron llegar a su trabajo o llegaron tarde, a quienes no pudieron circular por las calles ocupadas, a los agentes agredidos y a los ayuntamientos por los destrozos en el mobiliario urbano. Pide que a todos se les ofrezcan las acciones legales que les correspondan.

El escrito no concreta ningún episodio con lugar, hora o autor, y no adjunta documentos. Como prueba se remite a las imágenes emitidas por las televisiones, a los testimonios recogidos en radio y televisión y a lo que puedan declarar los perjudicados, algo que considera «la prueba más evidente e inequívoca». Lo único que pide al juzgado es que abra diligencias penales.