Más de 50 entidades del ámbito oncológico y sociosanitario, lideradas por la Asociación Española Contra el Cáncer, han presentado este martes un manifiesto dirigido a los partidos políticos. Piden que el cáncer sea una prioridad de la agenda sanitaria en la próxima legislatura, tras las elecciones generales del 29 de noviembre. El documento recoge cinco prioridades, con medidas concretas para llegar a todos los pacientes, sea cual sea su tumor, la fase de su enfermedad o su lugar de residencia.
Las cinco prioridades son más prevención, una atención integral y humana en todas las fases, mejores condiciones para los pacientes en edad laboral, una financiación sostenida de la investigación y un uso responsable de los datos oncológicos. Se han sumado asociaciones de pacientes, fundaciones y sociedades médicas de oncología, hematología y medicina de familia.
El presidente de la asociación, Ramón Reyes, ha recordado que el cáncer es la principal causa de muerte en España. Por eso defiende que sea la prioridad número uno de salud pública, no solo ante las elecciones, sino durante toda la legislatura.
Según la asociación, cuatro de cada diez casos podrían prevenirse actuando sobre los principales factores de riesgo.
El manifiesto pide políticas que protejan a la infancia y la adolescencia frente al tabaco y la nicotina, el principal factor de riesgo. Propone actualizar la regulación de los productos del tabaco y equiparar los nuevos dispositivos a los tradicionales. También limitar la dosis máxima de nicotina, ampliar los espacios libres de humo y aerosoles, prohibir los cigarrillos electrónicos desechables, subir los impuestos e introducir el empaquetado neutro.
Pide además un sistema de información común para los programas de cribado, con datos homogéneos que permitan evaluarlos. En la atención, reclama indicadores comunes en todo el proceso, transparencia pública sobre las listas de espera y medidas correctoras ante los retrasos.
Según el documento, el 37 % de los nuevos casos se dan en personas en edad de trabajar. El 45 % de ellas declara limitaciones para su actividad laboral. Entre quienes han tenido que cambiar su situación laboral, el 21 % señala despido o abandono de la actividad.
Por eso propone una incapacidad temporal especial para el cáncer, adaptada a la duración de estos procesos y con protección económica suficiente. Debería incluir a desempleados, autónomos y personas que no cumplen los periodos de cotización ordinarios. También reclama el derecho a adaptar el puesto al volver al trabajo.
Pide actualizar el permiso y la prestación por cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave, para adaptarlos a unas necesidades de cuidado que pueden ser muy prolongadas. Plantea además un marco común de atención a los supervivientes, con planes personalizados que incluyan seguimiento clínico y atención a las secuelas.
Con el objetivo de que la supervivencia supere el 70 % en 2030, las entidades reclaman un plan nacional con financiación plurianual. Piden que los pacientes accedan de forma equitativa a la innovación y a los ensayos clínicos, y que se publiquen indicadores comparables por territorio.
También proponen consolidar un registro estatal de cáncer con información actualizada sobre incidencia, mortalidad, supervivencia y prevalencia. Según el manifiesto, integrar los datos clínicos mejoraría la continuidad asistencial y reforzaría la investigación y la evaluación de las políticas públicas.