La gestión de Adif vuelve a situarse en el centro de la polémica después de conocerse que la empresa pública ferroviaria aprobó un nuevo plan de incentivos económicos para sus directivos apenas unas horas antes de la salida de su presidente, Luis Pedro Marco de la Peña.
La decisión se produjo en un momento especialmente delicado para el sector ferroviario español, marcado por las consecuencias del grave accidente de Urda, en Toledo, y las investigaciones sobre la seguridad de las infraestructuras.
El acuerdo fue aprobado durante una reunión extraordinaria del consejo de administración, convocada para dar luz verde al nuevo convenio con el Ministerio de Hacienda, que regulará diferentes aspectos de la gestión de la entidad hasta 2030.
Según ha publicado el diario El Mundo, el documento contempla mantener un sistema de retribuciones variables para los altos cargos, vinculado al cumplimiento de objetivos relacionados con las inversiones, los resultados económicos y la prestación del servicio.
La aprobación de estas primas ha generado controversia por coincidir con la dimisión del máximo responsable de Adif, cuya salida fue aceptada posteriormente por el nuevo ministro de Transportes, Carlos Cuerpo.
Además, el convenio no concreta públicamente qué objetivos específicos determinarán los incentivos correspondientes a este ejercicio. Como referencia, durante el año anterior el comité de dirección recibió aproximadamente 1,2 millones de euros en retribuciones.
La noticia llega mientras aumenta la atención sobre la gestión de los recursos públicos destinados al mantenimiento y la seguridad ferroviaria, especialmente después de los recientes accidentes.
Desde Adif no han desmentido la información y han remitido las consultas al Ministerio de Transportes, que ha señalado que está recabando datos para comprobar lo sucedido.
La coincidencia entre la aprobación de los incentivos y la salida del presidente abre interrogantes sobre la oportunidad de una decisión adoptada en plena crisis ferroviaria.