Otro chanchullo electoral de Sánchez: Correos permitió votar por correo con el carné de conducir del móvil sin verificar el QR

La Junta Electoral Central endureció los controles de identificación digital ante las dudas sobre su seguridad, mientras sigue sin conocerse cuántos electores utilizaron miDGT en las generales de 2023

Correos permitió que, durante las elecciones generales del 23 de julio de 2023, los ciudadanos pudieran identificarse para entregar su voto por correo mediante el carné de conducir digital de la aplicación miDGT, sin necesidad de presentar una firma ni de verificar el código QR que permite comprobar la autenticidad del documento.

Esta situación ha sido denunciada por la periodista Isabel Durán en una serie de informaciones publicadas en El Debate durante el mes de octubre. Las revelaciones plantean interrogantes sobre los controles de identificación utilizados en aquellos comicios, aunque no demuestran por sí mismas que se produjeran suplantaciones de identidad o votos fraudulentos.

En aquel momento, Correos estaba presidido por Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y posteriormente investigado en una causa judicial relacionada con presuntas irregularidades. En la empresa pública también trabajaba Leire Díez, vinculada a las informaciones sobre las supuestas maniobras para influir en investigaciones judiciales.

La decisión que permitió utilizar el permiso de conducir digital se produjo apenas un mes antes de las elecciones generales. El 21 de junio de 2023, la Junta Electoral Central respondió a una consulta formulada por el presidente de Correos sobre la aplicación de la Instrucción 5/2023, aprobada en el contexto de las investigaciones por presunta compra de votos en Melilla.

El organismo electoral autorizó la utilización del carné digital sin firma siempre que fuera el propio elector quien acudiera personalmente a una oficina de Correos para entregar su documentación. Sin embargo, rechazó esta posibilidad cuando el trámite se realizaba mediante una persona autorizada.

Meses antes, el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ya había consultado sobre la validez del permiso de conducir de miDGT como documento de identificación en las mesas electorales.

El principal punto de controversia reside en el sistema de verificación. La aplicación dispone de un código QR temporal que permite comprobar la autenticidad de los datos mostrados en pantalla. Según las informaciones publicadas, las consultas realizadas no abordaron expresamente la necesidad de verificar dicho código.

La ausencia de esa comprobación podría haber generado vulnerabilidades en el procedimiento de identificación. No obstante, la existencia de un posible fallo de seguridad no acredita que alguien llegara a utilizarlo para votar en nombre de otra persona.

La controversia volvió a cobrar fuerza el 26 de marzo de 2026, cuando la Junta Electoral Central suspendió la utilización de miDGT y MiDNI para identificar a los votantes, tanto presencialmente como por correo, hasta que se garantizara la seguridad de los mecanismos de verificación. La decisión quedó recogida en varios acuerdos oficiales. Junta Electoral Central+1

En las elecciones generales de 2023 se contabilizaron 2.471.935 votos por correo, una cifra récord. Sin embargo, no existen datos públicos que permitan determinar cuántos electores utilizaron miDGT para identificarse ni cuántas veces se comprobó la autenticidad del documento mediante su código QR.

Esta falta de información dificulta evaluar el alcance real de las posibles deficiencias de seguridad. Tampoco permite concluir que se produjera una manipulación del resultado electoral.

La polémica también ha situado bajo el foco a Leire Díez. En marzo de 2024, la antigua trabajadora de Correos publicó un mensaje en Facebook en el que recordaba la participación de su equipo en las elecciones generales. Posteriormente, la empresa pública negó que hubiera sido la responsable directa de gestionar el voto por correo y atribuyó esas funciones a su Dirección de Operaciones.

Por otra parte, la investigación judicial que afecta a Juan Manuel Serrano y Leire Díez examina presuntas irregularidades ajenas al procedimiento de identificación digital de los votantes. Según la información facilitada, los investigadores analizaron miles de mensajes intercambiados entre ambos durante un periodo que incluía las elecciones de 2022 y 2023.

No obstante, es importante distinguir ambos asuntos: la existencia de una investigación penal sobre estas personas no demuestra ninguna participación en un supuesto fraude electoral. Además, los investigados mantienen su derecho a la presunción de inocencia.

La seguridad del voto por correo ya había generado preocupación en anteriores procesos electorales. En mayo de 2023, las investigaciones sobre presuntas compras de votos en Melilla provocaron detenciones y llevaron a reforzar los controles sobre la entrega de documentación electoral.

También se investigaron posibles irregularidades en Mojácar, mientras que otros episodios posteriores, como el robo de documentación electoral en Extremadura, reabrieron el debate sobre la protección y la trazabilidad de los votos.

Con las elecciones generales del 29 de noviembre en el horizonte, la identificación digital vuelve a ocupar un lugar destacado en la discusión sobre las garantías electorales.

Según la información aportada, Correos mantiene la prohibición de utilizar miDGT y MiDNI para acreditar la identidad en el voto postal. En cambio, la Junta Electoral Central habría autorizado nuevamente el DNI digital en las mesas electorales después de recibir garantías sobre la disponibilidad de dispositivos capaces de verificar los códigos QR.

Esta última decisión ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por la asociación Iustitia Europa, que cuestiona que la mera presencia de lectores garantice el correcto funcionamiento de todo el procedimiento de identificación.

Correos, por su parte, defiende la fiabilidad del sistema y rechaza que pueda manipularse el voto por correspondencia.

La cuestión principal sigue siendo si los mecanismos de identificación utilizados en anteriores elecciones ofrecían garantías suficientes para impedir posibles suplantaciones. La suspensión acordada por la Junta Electoral Central confirma que existían dudas institucionales sobre la seguridad de estas aplicaciones, pero no constituye una prueba de fraude.

Por ello, el debate no solo afecta a las decisiones adoptadas durante el Gobierno de Pedro Sánchez, sino también a la necesidad de establecer controles verificables, transparentes y uniformes que garanticen la identidad de cada votante y refuercen la confianza ciudadana en los procesos electorales.