Los jóvenes con sordera consideran el empleo y la educación sus dos grandes retos para lograr una inclusión efectiva. Así lo expusieron en un encuentro de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas. Se celebró al cumplirse 20 años de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La vocal asesora del Real Patronato sobre Discapacidad, María Sánchez Ozamiz, aseguró que «aún queda camino por recorrer». Pidió asegurar que las normas se cumplan para que las personas con discapacidad auditiva accedan a la educación y al empleo como los demás.
Reconoció que ha habido avances legislativos significativos en las dos últimas décadas, pero consideró que su aplicación práctica sigue siendo insuficiente.
En el encuentro participaron tres jóvenes con sordera del Movimiento de Familias de la organización, Fran, Ana y Alicia, además de Sánchez Ozamiz y Andrea Amouzouvi, técnica en intermediación laboral.
El debate destacó la importancia de contar con profesorado informado y sensibilizado, con recursos de accesibilidad auditiva y con los apoyos necesarios. Es especialmente relevante en la transición a la universidad y a la Formación Profesional, cuando hay que mantener esas medidas.
Fran señaló que desarrollarse en un entorno educativo favorable «ha sido fundamental» en su desarrollo académico. Ana contó que, además de la sensibilización del profesorado, la asociación y la familia informaron a sus profesores de sus necesidades.
Los participantes reflexionaron sobre las dificultades que encuentran los jóvenes con sordera para elegir su futuro profesional, acceder al mercado laboral y desarrollar una carrera acorde con sus capacidades. Identificaron como claves la orientación, el acompañamiento y la igualdad de oportunidades en los procesos de selección.
Alicia explicó que, cuando empezó a trabajar, no disponía de las herramientas tecnológicas actuales, como el apoyo en la lectura labial o el subtitulado. Por eso, al principio, encontraba dificultades.
Amouzouvi reivindicó que las empresas también deben estar sensibilizadas. «Las personas con sordera necesitamos accesibilidad desde el principio del proceso de selección», afirmó.
Los jóvenes subrayaron la importancia de que sus opiniones se escuchen en las decisiones que les afectan. Defendieron que las políticas públicas se diseñen con la participación de las personas con discapacidad, sus familias y las entidades que las representan.
Reivindicaron también eliminar el límite de edad de 26 años en la prestación de audífonos del Sistema Nacional de Salud. Argumentaron que «las personas con sordera no dejan de ser sordas a esa edad».
La Confederación considera esencial escuchar a la juventud con sordera para que los derechos de la Convención no se queden en el papel y puedan ejercerse en igualdad de condiciones.