Policías y guardias civiles dejan la sede del Ministerio del Interior tras un encierro por la jubilación

Los sindicatos y asociaciones sostienen que los desalojaron y que el Gobierno los ninguneó

Un grupo de policías nacionales y guardias civiles que se había encerrado en el Ministerio del Interior ha abandonado la sede en la madrugada de este miércoles.

Según los participantes, salieron tras ser «desalojados» por otros agentes y «ninguneados» por el Gobierno.

El martes, varios sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil habían anunciado un «encierro pacífico e indefinido». Daban por fracasada la negociación con la Secretaría de Estado de Seguridad para lograr una «jubilación digna».

Quién secundó el encierro

Por parte de la Policía Nacional lo apoyaron los sindicatos SUP, Jupol y UFP. Por la Guardia Civil participaron representantes de AUGC, Jucil, AEGC, ASES-GC y Unión de Cabos.

El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, ha denunciado ante los medios que, «una vez más», policías y guardias civiles han sido «ninguneados» y «tirados a los pies de los caballos» por Interior.

Una salida para evitar problemas

Rivero ha explicado que agentes de la Unidad de Prevención y Reacción les pidieron que abandonaran la sede. Accedieron, dijo, para no poner «en un compromiso» a sus compañeros y evitar represalias legales. Según su versión, les advirtieron de que podían incurrir en un delito de desobediencia, incluso por ocupar un edificio público.

El dirigente ha asegurado que decidieron salir de manera pacífica porque lo contrario habría provocado una escena que «no beneficiaría a nadie».

Rivero ha contado que se reunieron con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. Le reprocharon que hubiera «roto la mesa de negociación» y que diera la orden de desalojo.

El sindicalista ha defendido que la reivindicación sigue «completamente activa». Pide que la Policía Nacional sea reconocida como profesión de riesgo y que tenga las mismas condiciones que la policía local y la autonómica.

Una negociación en marcha

Tras el anuncio de elecciones generales para el 29 de noviembre, una docena de sindicatos y asociaciones pidió a Interior que cerrase la negociación abierta para mejorar su jubilación anticipada. Enviaron un escrito a Calvo para reclamar una reunión.

Según los sindicatos, la cita se celebró el martes. En ella les dijeron que no podían atender la demanda de una jubilación digna por la convocatoria electoral.

El 23 de septiembre, tras la reunión de la mesa técnica, los sindicatos informaron de que la negociación avanzaba a «buen ritmo». Decían que la Secretaría de Estado aceptaba novedades «de gran calado».

Se referían a una mejora de la jubilación para el grupo C1, que llegaría a unos 39.000 euros, y para el grupo A2, que alcanzaría la pensión máxima en el Régimen General de la Seguridad Social y en Clases Pasivas.

Reacciones desiguales

SUP y AUGC explicaron entonces que la pensión dejaría de calcularse sobre una base congelada en el pasado y pasaría a reflejar la evolución real de los salarios.

Jupol y Jucil reaccionaron para huir del «triunfalismo». Recordaron que su exigencia es elevar a 39.000 euros la pensión anual de jubilación del grupo C1.

UFP valoró la propuesta «favorablemente», aunque la consideró insuficiente para fijar un mínimo de 39.000 euros anuales. «Hay avance pero todavía no hay acuerdo», dijo.