El magistrado Santiago Pedraz, titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, ha acordado prorrogar el nombramiento del coronel de la Guardia Civil Antonio Balas como jefe de la unidad de Policía Judicial que actúa en las Diligencias Previas 150/2025, la causa conocida como caso Leire Díez, que se sigue por un presunto delito de tráfico de influencias.
La decisión, adoptada mediante una providencia fechada este martes 27 de octubre, va más allá de una simple prórroga. El juez establece que Balas seguirá como responsable de la unidad «con carácter permanente», de modo que ni un nuevo ascenso ni un eventual cambio de destino derivado de este podrán apartarlo de esa responsabilidad.
Pedraz resuelve así tras recibir un informe del Ministerio Fiscal, registrado con el número 63333/2026, que ordena incorporar a la causa y cuya petición asume en sus términos.
En la providencia, el instructor fundamenta la decisión en «el interés general, las necesidades del servicio y las garantías inherentes al ejercicio de las funciones de Policía Judicial».
Añade que concurren circunstancias objetivas «singularmente vinculadas a la extraordinaria complejidad de las actuaciones, su especial trascendencia institucional y jurídica» y al estado en que se encuentran las diligencias de investigación.
El magistrado considera «evidente» que la investigación presenta características que aconsejan preservar la estabilidad de su dirección operativa y evitar alteraciones organizativas que pudieran introducir «factores de perturbación, discontinuidad o riesgo» en el desarrollo de la causa.
La medida, concluye, responde a «razones excepcionales y de interés público» ligadas a la necesidad de salvaguardar la eficacia de la investigación penal, así como garantizar su continuidad, integridad, reserva e imparcialidad.
La resolución, firmada por Pedraz a las 11:33 horas y diligenciada por la letrada de la Administración de Justicia Silvia Martínez Álvarez, se tramita en una causa que procede de las Diligencias Previas 89/2025.
La providencia cierra, al menos en este procedimiento, un debate que se arrastraba desde hace más de un año. Ya en octubre de 2025 se publicó que el ascenso de Balas a coronel estaba previsto para los meses siguientes y que, según fuentes del Instituto Armado, respondía a una estrategia para apartarlo de las investigaciones.
Por regla general, y según fuentes conocedoras del funcionamiento interno de la Guardia Civil, el ascenso a coronel implica asumir nuevas responsabilidades acordes con el empleo alcanzado.
En julio de este año, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, a petición del fiscal anticorrupción Luis Pastor, planteó al coronel Pedro Merino Castro, máximo responsable de la UCO, que Balas permaneciera en su destino para seguir al frente de la investigación del caso Koldo.
Finalmente, el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa publicó su ascenso a coronel, con el que seguirá al frente del departamento de anticorrupción de la UCO en comisión de servicio.
Balas dirige el área de la Unidad Central Operativa encargada de los casos judiciales que afectan al PSOE y al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Su figura tiene una relevancia particular en la causa de Pedraz. Según las grabaciones incorporadas a la investigación, la presunta red atribuida a Leire Díez señaló desde el principio al entonces teniente coronel como uno de sus objetivos.
La exmilitante socialista llegó a reclamar información sobre Balas con el fin de encontrar elementos que pudieran comprometer su reputación.
La diferencia de la providencia de Pedraz respecto a las decisiones anteriores es su alcance. Mientras que la continuidad de Balas en la UCO tras su ascenso se articuló mediante una comisión de servicio, el instructor del caso Leire Díez fija ahora su permanencia al frente de la unidad que interviene en este procedimiento sin condicionarla a su carrera profesional.
De esta manera, ni un nuevo ascenso ni un traslado lo apartarán de la dirección de las pesquisas mientras dure la causa.
La investigación instruida por Pedraz examina la presunta existencia de una trama que, según las acusaciones, se habría dedicado a recopilar información contra mandos de la Guardia Civil, fiscales y jueces que investigaban asuntos relacionados con el PSOE y el Gobierno.
Además, el magistrado ha abierto una pieza separada de carácter económico para rastrear los pagos realizados por el partido a Leire Díez y a personas de su entorno.