Consumo expedienta a una plataforma turística por mantener anuncios de alojamientos en asentamientos israelíes

La empresa, avisada hasta en tres ocasiones, es la única de siete multinacionales que no los bloqueó y se arriesga a multas de hasta 100.000 euros

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de servicios turísticos que opera en toda España. Le reprocha no haber retirado sus anuncios de alquileres en territorios palestinos ocupados por Israel.

Según el departamento que dirige Pablo Bustinduy, se investigan posibles prácticas de publicidad ilícita. La empresa mantuvo esos anuncios pese a la exigencia de Consumo de eliminarlos.

El Ministerio había enviado antes un requerimiento a siete multinacionales. En él les informaba de que había detectado contenidos ilícitos y les pedía retirarlos o bloquearlos de inmediato.

La única que no actuó

Seis de las plataformas bloquearon el acceso desde España a los anuncios o los eliminaron. La séptima mantuvo su visibilidad en España, aunque fue notificada hasta en tres ocasiones.

Consumo ya había advertido de que las empresas que no retirasen o bloqueasen esos contenidos podrían enfrentarse a nuevas acciones. Ahora aplica esa advertencia a la única que ignoró los avisos. El Ministerio no ha identificado a la empresa.

Los anuncios corresponden a alojamientos situados en más de 200 códigos postales de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado. Esos códigos se publicaron en diciembre en el Boletín Oficial del Estado.

Una multa que podría ser grave

Según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, estas prácticas podrían constituir una infracción. De concurrir agravantes, se calificaría como grave.

La sanción podría ser de hasta 100.000 euros. También podría equivaler a entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido con esos anuncios.

La Dirección General de Consumo subraya que abrir el expediente no prejuzga el resultado final de la investigación.

El decreto que lo ampara

La actuación se enmarca en el Real Decreto-ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. Consumo se apoya en su artículo 4.

Ese artículo considera publicidad ilícita la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado. También la de los servicios que se presten en ellos.

El Ministerio defiende que la norma responde a la necesidad de aliviar el sufrimiento de la población palestina en los territorios atacados por Israel.