Las reformas que se quedan en el aire y tendrá que afrontar el nuevo Congreso

19 de octubre de 2026
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La próxima legislatura deberá abordar propuestas autonómicas y reformas estatutarias que no han completado su tramitación parlamentaria, como vivienda protegida o ayudas a la dependencia

El Congreso de los Diputados que se constituya tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre tendrá una agenda legislativa marcada por asuntos que han quedado pendientes con la disolución de las Cortes. Entre ellos figuran dos reformas de estatutos de autonomía, cinco propuestas remitidas por parlamentos autonómicos y siete iniciativas legislativas populares (ILP) promovidas por ciudadanos.

La disolución de las Cortes deja decaída buena parte de la actividad legislativa que estaba en marcha. Sin embargo, las propuestas impulsadas por los parlamentos autonómicos y las iniciativas legislativas populares pueden continuar su recorrido en la nueva legislatura, por lo que volverán a formar parte de los asuntos pendientes de la Cámara Baja.

Las cinco iniciativas procedentes de los parlamentos autonómicos corresponden a Baleares —que aporta dos—, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Asturias. Sus objetivos abarcan desde la gestión aeroportuaria hasta la protección de menores, la atención a personas con enfermedades irreversibles y la recuperación del Derecho Civil valenciano.

Una de las propuestas baleares reclama la cogestión de los aeropuertos del archipiélago. El Gobierno llegó a vetarla al considerar que podía reducir los ingresos de Aena y obligar a compensar económicamente esa pérdida. Posteriormente, rectificó tras las presiones de Més per Mallorca y de Francina Armengol, entonces presidenta del Congreso y candidata del PSOE balear.

La segunda iniciativa de Baleares plantea modificar el artículo 57 de la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia. El objetivo es impedir que personas condenadas por delitos de acoso a menores puedan acceder a profesiones, oficios o actividades que impliquen un contacto habitual con niños y adolescentes, o continuar ejerciéndolos.

Desde Cataluña llegó una proposición de ley para mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades irreversibles. Por su parte, las Cortes Valencianas remitieron una propuesta para reformar la disposición adicional segunda de la Constitución y avanzar en la reintegración efectiva del Derecho Civil valenciano.

La quinta iniciativa autonómica procede de Asturias. En 2014, la Junta General del Principado remitió una propuesta de reforma constitucional para flexibilizar los requisitos de las iniciativas legislativas populares y de los referéndums. Desde entonces, el texto ha quedado atrapado en sucesivas legislaturas sin completar su recorrido parlamentario.

La nueva legislatura tendrá que abordar también las reformas de los estatutos de autonomía de Castilla-La Mancha y La Rioja, cuyos trámites se han visto afectados por los sucesivos calendarios electorales.

La reforma castellano-manchega fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso en noviembre de 2025. La convocatoria electoral interrumpió su tramitación y el texto quedó pendiente de nuevos pasos parlamentarios. La propuesta incluye, entre otras medidas, ampliar el número de diputados de las Cortes regionales. El PSOE quiere que el Parlamento autonómico debata formalmente su retirada, aunque, mientras no se complete ese proceso, la iniciativa figura entre los asuntos pendientes.

El caso de La Rioja se remonta a 2019, cuando la comunidad aprobó su reforma estatutaria. El Congreso aún no la ha debatido en la fase descrita, a la espera de que el Parlamento riojano comunique la designación de una delegación de hasta tres representantes encargados de defender el texto ante el Pleno. En legislaturas anteriores, la reforma llegó a ser tomada en consideración y avanzó en comisión, pero no culminó su tramitación.

Iniciativas ciudadanas sobre sanidad, vivienda y protección social

Las iniciativas legislativas populares constituyen otro de los bloques que esperan al próximo Congreso. Los siete textos pendientes abordan cuestiones sociales diversas, desde la prevención del suicidio entre menores hasta las condiciones de acceso a los servicios sanitarios y las ayudas a la dependencia.

Entre las propuestas figuran medidas contra el acoso escolar, iniciativas para prevenir el suicidio infantojuvenil y textos relacionados con la transparencia y la protección de los denunciantes. También hay una iniciativa en favor de la desmercantilización de la vivienda protegida en zonas tensionadas.

El listado incluye, además, propuestas para regular la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios; establecer una prestación de ingresos mínimos dentro del sistema de protección de la Seguridad Social; aumentar las ratios de enfermeras para reforzar la seguridad de los pacientes en centros sanitarios, y regular la participación de los beneficiarios de ayudas a la dependencia en el coste de las prestaciones y servicios.

La nueva Cámara tendrá que decidir cómo retoma estos asuntos y qué recorrido da a cada propuesta. Su inclusión entre los temas pendientes no garantiza que vayan a aprobarse: su avance dependerá de los trámites parlamentarios y de los apoyos que logren reunir durante la próxima legislatura.

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