La Audiencia Nacional inicia este lunes el juicio contra la empresa asturiana Duro Felguera, su expresidente Juan Carlos Torres y varios antiguos responsables del Gobierno venezolano por el presunto pago de sobornos para conseguir la adjudicación de una central termoeléctrica en Venezuela. La Fiscalía Anticorrupción reclama penas de prisión y multas millonarias por una trama que, según la investigación judicial, habría utilizado contratos con sociedades intermediarias para encubrir las comisiones.
El Ministerio Público solicita nueve años y seis meses de prisión y una multa de 160 millones de euros para Torres por presuntos delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales y falsedad continuada en documento mercantil, según el escrito de acusación al que tuvo acceso Europa Press.
Para Duro Felguera, la Fiscalía pide también una multa de 160 millones de euros y dos años de prohibición para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y acceder a determinados beneficios fiscales y de la Seguridad Social.
Entre los acusados figuran los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa. Anticorrupción solicita para Villalobos ocho años y nueve meses de prisión y una multa de 3,6 millones de euros por presuntos delitos continuados de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Para Alvarado Ochoa reclama tres meses de cárcel y una multa de 1,6 millones por los mismos delitos.
Villalobos también está investigado en el denominado caso Leire Díez. En el juicio por la adjudicación de la central venezolana se sentarán asimismo en el banquillo María Consuelo Pardí y Milagros Coromoto Torres, parejas de los dos exviceministros, y Ángel Antonio del Valle, antiguo consejero delegado de Duro Felguera.
La causa se remonta a 2009, cuando Venezuela afrontaba una grave crisis energética que llevó a las autoridades a imponer restricciones y declarar la emergencia eléctrica. En ese contexto, el Gobierno venezolano impulsó la construcción de la central termoeléctrica Planta El Sitio, situada en Santa Lucía, en el estado de Miranda, para abastecer de electricidad a la zona de Caracas.
En julio de 2023, el juez instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno procesó a doce personas y cuatro empresas por presuntos delitos de corrupción internacional, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Según la investigación judicial, el entonces ministro venezolano de Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, habría favorecido la designación de Duro Felguera para ejecutar el proyecto. A cambio, la compañía presuntamente se comprometió a realizar entregas de dinero a funcionarios públicos que habrían intervenido en la adjudicación.
El magistrado sostuvo que la empresa operó a través de la unión temporal de empresas Termocentro, que habría firmado contratos con entidades y personas venezolanas para encubrir el pago de comisiones. El objetivo, según la instrucción, era favorecer los intereses de la compañía en la concesión de la obra.
La investigación cifra en al menos 105 millones de dólares los pagos que habrían llegado a Villalobos mediante sociedades interpuestas. De acuerdo con la tesis judicial, el exviceministro habría utilizado su influencia en la Administración venezolana para beneficiar a la empresa española.
El contrato para construir la central Termocentro estaba valorado en 1.500 millones de dólares. La Audiencia Nacional deberá examinar ahora las pruebas y determinar las responsabilidades penales de los acusados, que se enfrentan a las peticiones de condena formuladas por la Fiscalía.