Esperanza Aguirre declara en el juicio del caso Lezo por los contratos del campo de golf

Anticorrupción pide seis años de cárcel para Ignacio González y los otros acusados

Esperanza Aguirre vuelve a quedar vinculada a una de las principales causas judiciales relacionadas con la corrupción en el PP madrileño. La expresidenta de la Comunidad de Madrid está citada este miércoles como testigo en el juicio contra su sucesor, Ignacio González, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos del Canal de Isabel II para la construcción y explotación de un campo de golf.

La causa forma parte del caso Lezo y se centra en dos adjudicaciones que, según la Fiscalía Anticorrupción, permitieron beneficiar a familiares de González a través de una empresa intermediaria. El Ministerio Público sostiene que la operación generó un beneficio indebido de al menos 504.780 euros con cargo a fondos públicos.

Aguirre dejó sus cargos como portavoz y concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid en 2017, después de la detención de González, que había sido su número dos durante su etapa al frente del Gobierno regional, entre 2003 y 2012.

Junto a González están acusados Ildefonso de Miguel, que dirigió el Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, y los socios de la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería (TCT): José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero. Estos dos últimos son hermano y cuñado del expresidente madrileño.

Anticorrupción solicita para los acusados seis años de prisión por presuntos delitos de cohecho, además de una multa de 550.000 euros. En la primera sesión del juicio, celebrada el martes, González y los demás procesados negaron los hechos que se les atribuyen.

La declaración de Aguirre se produce en una pieza centrada en contratos vinculados al campo de golf construido sobre la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II. La Fiscalía sostiene que los responsables de la entidad pública modificaron un concurso anterior para adjudicar directamente los trabajos a Dragados, con la condición de que subcontratara parte de las obras con TCT.

La investigación sitúa el origen de los hechos en junio de 2004. Según el relato de la Fiscalía, la dirección del Canal impulsó una modificación del contrato inicial que, por la entidad de los cambios previstos, habría requerido una nueva licitación.

Anticorrupción sostiene que la adjudicación se diseñó para favorecer a familiares de González, que ocultaron su participación en TCT mediante personas interpuestas. La aprobación del contrato modificado a Dragados se produjo el 19 de julio de 2006, tras la intervención de González e Ildefonso de Miguel, según el escrito del Ministerio Público.

La Fiscalía considera que TCT carecía de capacidad técnica para ejecutar los trabajos y que su intervención como intermediaria no era necesaria. Pese a ello, la empresa recibió encargos que después subcontrató con otras compañías especializadas.

Más de tres millones de euros en subcontratos

Dragados firmó con TCT un primer contrato de 160.204,79 euros para ejecutar un hoyo de prueba en el campo de golf. Posteriormente, el encargo se amplió mediante cuatro anexos. El importe total de los trabajos subcontratados ascendió a 3.067.864,83 euros, según los datos recogidos en el escrito de Anticorrupción.

TCT recurrió después a las empresas Onlygolf Planning and Design y Fieldturf España para realizar los trabajos. La Fiscalía sostiene que los responsables de la intermediaria acordaron percibir una comisión del 8% por esa gestión.

De acuerdo con el Ministerio Público, la operación permitió a TCT obtener 381.029 euros por su intermediación en esos contratos. La acusación también describe presuntos pagos a los socios de la empresa, entre ellos el hermano y el cuñado de González.

Según Anticorrupción, entre noviembre de 2006 y marzo de 2008 se repartieron parte de los beneficios mediante entregas en efectivo. El hermano de González habría recibido 101.348 euros en veinte pagos; su cuñado, 94.425 euros en once entregas; y José Antonio Clemente, 71.199 euros.

La Fiscalía sostiene que los pagos se canalizaron mediante facturas de sociedades instrumentales y que los implicados utilizaban siglas para ocultar sus identidades.

La acusación también examina la gestión de las instalaciones deportivas. En 2006, una unión temporal de empresas formada por TCT, Soto Once e Iridium Concesiones de Infraestructuras obtuvo la adjudicación para gestionar y explotar el recinto. La concesionaria Green Canal Golf subcontrató después el mantenimiento del césped con TCT, que volvió a recurrir a Onlygolf.

Según el Ministerio Público, esta segunda intermediación habría generado un beneficio aproximado de 124.000 euros.

El juicio deberá determinar si las adjudicaciones se manipularon para beneficiar a los familiares de González y si los pagos descritos por la Fiscalía constituyeron delitos. La declaración de Aguirre se enmarca en ese procedimiento, en el que comparece como testigo y no como acusada.