Las protestas estudiantiles que sacuden Francia desde hace una semana han dejado ya un saldo preocupante. Las autoridades confirmaron este viernes 65 trabajadores educativos heridos, 40 de ellos profesores.
Las detenciones ascienden a cerca de 2.000 personas desde el inicio de la movilización. El 90% de los arrestados son menores de edad, según los datos oficiales.
La protesta comenzó la semana pasada en la región de París. Desde entonces se ha extendido a ciudades como Lille, Burdeos, Nantes, Lyon y Marsella.
Los bloqueos volvieron a interrumpir las clases este viernes en cientos de centros educativos. El ministro de Educación, Édouard Geffray, cifró en 1.207 los institutos «bloqueados o afectados» por la situación.
Geffray atribuyó buena parte de la violencia a personas ajenas a los centros. «En principio no tenemos estudiantes de Secundaria violentos o hay muy pocos. Lo que tenemos son personas que vienen de fuera y que buscan provocar daños», lamentó.
El ministro defendió además la apertura de una plataforma de consulta para los estudiantes. «La gente joven necesita sentirse escuchada», sostuvo, insistiendo en buscar «soluciones muy concretas a nivel local».
El Gobierno ha endurecido su respuesta ante la escalada de violencia. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, pidió a la Fiscalía que persiga la responsabilidad civil de los padres de los menores implicados.
«No son los menores los que pagan sino sus padres; es un problema para ellos», afirmó el ministro. Consideró esta vía «más útil que la prisión» para disuadir a los jóvenes involucrados en los disturbios.
Darmanin cuestionó directamente el comportamiento de algunos adolescentes. «¿Qué hacen jóvenes de 15 y 16 años atacando cocheras o al director de su instituto?», se preguntó, exigiendo que los padres «sean responsables por la vía legal».
El ministro advirtió que la situación ha cambiado de naturaleza. «Cuando se destruyen institutos y se atacan autobuses tenemos que pedir responsabilidad a los padres», sostuvo, calificando ya las protestas estudiantiles como una cuestión de «orden público».
Geffray, sin embargo, se mostró más cauto ante esta medida. «No tengo problema con que el que pague sea el que rompe», señaló, aunque pidió prudencia por la presencia de vándalos infiltrados.
«En este tipo de movimientos, muchos estudiantes han visto secuestrada la causa por vándalos, así que tendría más cuidado con esto», advirtió el ministro de Educación. Reclamó además una mayor implicación de los padres para alejar a los menores de los bloqueos.
Los estudiantes salieron a la calle hace una semana para denunciar los recortes, la falta de profesores y la masificación de las aulas. También reclamaban más recursos materiales para los centros.
Las protestas estudiantiles han escalado progresivamente con la quema de contenedores y daños en fachadas de edificios, incluidos institutos. Se han registrado además enfrentamientos entre manifestantes y policías, con lanzamiento de artefactos.
Las movilizaciones estudiantiles se han sumado a las críticas contra el ajuste presupuestario del primer ministro, Sébastien Lecornu. El propio Gobierno defiende esos recortes como necesarios para evitar un grave déficit, lo que ha llevado a los sindicatos a unirse a las marchas.