Anticorrupción pide que Zapatero vuelva a declarar por los 200.000 euros de Bolivia

La defensa intentó sacar de la causa el atestado 2910/2026, pero el juez Calama ya rechazó esa petición en dos ocasiones

La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular han solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que mantenga dentro de la causa el atestado 2910/2026 de la UDEF, centrado en los 200.000 euros abonados por la empresa peruana Focus Social Research al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El informe policial relaciona esos pagos con supuestas gestiones de Zapatero ante el Gobierno de Bolivia en favor del Grupo Gloria.

Anticorrupción sostiene además que el expresidente deberá declarar sobre estos hechos, después de que su defensa haya recurrido para intentar sacar el citado atestado de la investigación.

El magistrado José Luis Calama, titular de la Plaza n.º 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, ha remitido a la Sala de lo Penal el recurso de apelación presentado por Zapatero contra el informe policial. La decisión figura en una providencia dictada el pasado 29 de septiembre dentro de las Diligencias Previas 77/2024-S.

La defensa ya había intentado apartar el atestado de la causa ante el propio instructor. Calama rechazó esa pretensión en dos ocasiones, mediante autos dictados el 15 de julio y el 4 de septiembre. Con el nuevo recurso, la controversia pasa ahora a la segunda instancia, donde deberá pronunciarse la sección de la Sala de lo Penal que corresponda por turno.

La providencia incorpora al expediente los escritos presentados contra el recurso. Uno corresponde a la Fiscalía Anticorrupción, fechado el 18 de septiembre y firmado por la fiscal María Elena Lorente Pablo. El otro fue presentado el 23 de septiembre por la acusación popular unificada, representada por el procurador Manuel Sánchez-Puelles.

Uno de los principales argumentos de la defensa es que el atestado de la UDEF habría supuesto una investigación prospectiva sobre las actividades de Zapatero. La Fiscalía rechaza esta interpretación.

Anticorrupción sostiene que los pagos de Focus Social Research ya aparecían en las actuaciones antes de la elaboración del nuevo informe. En concreto, señala que las operaciones estaban recogidas en el informe 1907/2026 de la UDEF, fechado el 22 de abril, en sus páginas 171 y 172.

Por tanto, según la Fiscalía, el atestado 2910/2026, elaborado el 22 de junio, no habría descubierto desde cero esos movimientos, sino que habría incorporado documentación obtenida posteriormente durante los registros practicados el 19 de mayo.

La Fiscalía considera así que existe una continuidad entre ambos informes y rechaza que la UDEF comenzara una búsqueda indiscriminada de información sobre Zapatero.

Anticorrupción recuerda además que el expresidente ya fue interrogado sobre su relación con Focus Social Research durante su declaración como investigado del pasado 18 de junio.

La fiscal considera por ello difícil de entender que la defensa alegue sorpresa ante la aparición de esta cuestión en la investigación. Según su escrito, el informe de abril, en el que ya constaban los pagos, se encontraba incorporado a la causa antes de aquella declaración.

Ahora la Sala de lo Penal deberá resolver si el atestado 2910/2026 permanece en las actuaciones. El juez Calama ha remitido para ello testimonio de los particulares necesarios para que la segunda instancia se pronuncie sobre el auto del 4 de septiembre, que ya había rechazado la petición de Zapatero de devolver el informe a la unidad policial.

La providencia fue notificada a las partes a través de LexNET el 29 de septiembre y establece un plazo de tres días para interponer recurso de reforma.

La investigación se centra en determinar el origen y la finalidad de los 200.000 euros abonados por Focus Social Research y en la posible relación de esos pagos con las gestiones que, según la documentación policial, habría realizado Zapatero ante autoridades bolivianas en favor de intereses vinculados al Grupo Gloria. Estas últimas son conclusiones y líneas de investigación recogidas por la UDEF y no equivalen, por sí mismas, a hechos declarados probados judicialmente.