El Gobierno aprueba el martes un nuevo escudo anticrisis ante la escala de precios por la guerra en Irán

Se prevé prorrogar previsiblemente hasta diciembre las ayudas al campo por el alza de carburantes

El Consejo de Ministros aprobará el martes, 29 de septiembre, el nuevo escudo anticrisis tras el recrudecimiento del conflicto bélico en Oriente Próximo, de cara a paliar la escalada de precios y la pérdida de poder adquisitivo de cara al otoño y el invierno.

Antes de que decaigan en octubre algunas de las medidas de apoyo a los sectores productivos que estaban incluidas en paquetes anteriores, el Gobierno prepara un nuevo decreto para proteger a los hogares y empresas de la subida de precios, especialmente energéticos, provocada por la guerra en Irán.

El Ejecutivo no ha detallado todavía el contenido concreto de la norma, aunque sí ha avanzado que prorrogará las ayudas al sector agroalimentario, incluida la compensación por los sobrecostes del gasóleo agrícola, previsiblemente hasta el 31 de diciembre.

Reducir la dependencia energética de España

Además, el Gobierno pretende mantener una perspectiva de medio y largo plazo, con medidas dirigidas a reducir la dependencia energética de España e impulsar la electrificación y la descarbonización de la economía.

El coste presupuestario de las medidas adoptadas hasta ahora asciende a 10.000 millones de euros, al sumar los dos decretos aprobados desde marzo y otras iniciativas estructurales, como la reducción progresiva y la posterior eliminación del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica.

Hasta el 30 de septiembre, las medidas del Plan de Respuesta están vigentes según el calendario ya anunciado: la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevó a 20 céntimos por litro desde el pasado 1 de septiembre, mientras que la rebaja de la gasolina se mantiene en 5 céntimos por litro.

Hay que tener en cuenta que algunas medidas finalizan a finales de septiembre –fiscalidad a carburantes–, mientras que otras se mantienen el resto del año –como los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico–.

De cara a la aprobación del nuevo decreto, el Gobierno ha mantenido reuniones con los agentes sociales –patronal y sindicatos–, además de con sectores como el agroalimentario, el industrial, el energético, la distribución o transportes, que son los más afectados por la escalada de precios.