La tapa del frasco en la jurisdicción de violencia de género en el país imaginario de Torenza: ¿Cuándo le llegarán sus «tres Doritos después»?

La Juez Ranavalona/ La Doctora Fraude

«Cuando la justicia se convierte en el arma de un capricho individual, el estrado se transforma en un calabozo y la ley en una simple cadena para el inocente». — Ulpiano, jurisconsulto romano.

Ubicado en un país que se encuentra en ninguna parte. En la geografía mítica de Torenza, un territorio de ficción nacido en las plataformas digitales para retratar la degradación del poder, se erige un despacho que ha abandonado las leyes para abrazar el absolutismo. En este paraje imaginario, la máxima autoridad de la Jurisdicción de Violencia de Género se ha convertido en el vivo retrato de la prepotencia, actuando como si fuera la auténtica tapa del frasco de todo el entramado judicial.

Esta administradora ha transformado su sede en un auténtico «tribunal de condenas», donde la presunción de inocencia y el debido proceso han sido proscritos. Lejos de ponderar los hechos con imparcialidad, ejerce su cargo de manera despótica, dictando sentencias arbitrarias carentes de todo fundamento legal elemental. Su conducta evoca la arrogancia de quienes se creen dueños de la verdad; un feudo caprichoso donde el derecho no se aplica, sino que se pisotea, desnaturalizando un espacio diseñado para la protección de las víctimas.

El trasfondo ético de este espacio en Torenza es aún más oscuro, pues el foro ha catalogado a dicha sede de manera inequívoca como el tribunal de las condenas, identificando a la funcionaria con el lúgubre seudónimo de la juez del tangema o la juez Ranavalona. Esta analogía histórica evoca la terrible ordalía o «juicio de Dios» implementada por la monarca Ranavalona I en Madagascar, un rito donde se obligaba a los acusados a ingerir el veneno letal del árbol de la tangena; un sistema donde sobrevivir era una utopía y la condena estaba decretada de antemano. En este ecosistema procesal, las escasas libertades que concede no son actos de equidad, sino el producto de la coima, el soborno y la extorsión.

Esta paradoja de corrupción deja al descubierto que la operadora actúa bajo un total desconocimiento supino del derecho, o bien, comete tanta tropelía de forma premeditada. Para ella, el principio de que el juez conoce el derecho (iura novit curia) representa una utopía perversa, repitiéndose en las redes que para ser bruto no se necesita estudiar, quedando en tela de juicio su título de abogada, del cual se sospecha abiertamente si fue comprado o es falso; a tal punto que se ha ganado el mote de la doctora fraude.

Esta impunidad prolongada plantea una seria interrogante política: ¿acaso sabrá quien la sostiene en el cargo la inmensidad de arbitrariedades que comete, o es plenamente convivente con su proceder? La magistrada opera bajo el manto de un amparo que se extiende desde las más altas esferas gubernamentales de Torenza, un madrinazgo de altura que la mantiene inamovible desde hace un dilatado número de años. Este extenso periodo de permanencia ininterrumpida ha alimentado en su psique la peligrosa ilusión de ser intocable y exenta de cualquier sanción. Sus decisiones están plagadas de errores inexcusables que denotan una preocupante ineptitud sostenida por sus protectores, lo que le permite seguir haciendo lo que le viene en gana. El «chapeo» institucional es su herramienta cotidiana para silenciar a los litigantes, consolidando un régimen de terror donde el capricho prevalece sobre el texto constitucional.

Su perfil exhibe un narcisismo que la empuja hacia la misantropía —desdén hacia la condición humana— y una de las variantes más agudas de la misandria, ensañándose de forma burletera y hostil contra los varones. Desde su estrado, convertido en una auténtica «silla de escarnecedores», aplica un sistemático gaslighting judicial para desestabilizar a la defensa técnica, activando el axioma universal: excusatio non petita, accusatio manifesta (qui s’excuse, s’accuse). Olvida esta funcionaria que la Biblia condena explícitamente a quienes se mofan de la rectitud, pues la Biblia plantea y señala textualmente que para los escarnecedores están preparados juicios severos. Con el ejercicio de su cargo, la magistrada ha comprado —«toda la tiquetería para entrar al infierno»—; un averno donde Satanás le hace lobby y la aguarda ansioso para una condenación de dolores insoportables, donde las almas se queman en llamas eternas y cíclicas, devoradas por un fuego inextinguible que las hace renacer perpetuamente para multiplicar el espanto. En sus noches de vigilia, el terror metafísico cobra la forma de una pavorosa parálisis del sueño: el tormento del íncubo, un demonio aplastante que se sienta sobre su pecho inmovilizándola por completo, asfixiándola bajo el peso de su propia culpa mientras contempla el abismo. Ante tal sadismo, la audiencia digital de Torenza aguarda cuándo le llegará su inevitable momento de «tres Doritos después», pues la impunidad de los soberbios siempre precede a una estrepitosa caída institucional.

Ante esta alarmante realidad de ficción, los intelectuales y profesionales del derecho en Torenza entienden que el silencio es el principal cómplice de la prevaricación y que la pasividad solo perpetúa el sufrimiento. El cuestionamiento severo a los fallos desproporcionados y la disección académica de las aberraciones perpetradas en ese despacho son pasos fundamentales para recuperar la dignidad. La comunidad torenzana se niega a aceptar que la arbitrariedad y el cohecho se normalicen como prácticas ordinarias del Estado, utilizando la palabra escrita como su principal herramienta de fiscalización. El despertar de la conciencia colectiva en este entorno virtual demuestra de manera contundente que ninguna autoridad, por más protegida que se encuentre en las alturas, puede apagar la luz de la crítica legítima ni detener la exigencia de transparencia.

Cláusula de resguardo y contraloría social

Por una extraordinaria y perfecta casualidad histórica del derecho internacional, el blindaje universal para el pensamiento libre coincide exactamente en la misma nomenclatura numérica: se ampara en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y de manera idéntica y simétrica, en el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU de 1966. Estos dos pilares fundamentales, concatenados con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y el principio universal del derecho a la contraloría social, facultan de forma inalienable a los ciudadanos, profesionales del derecho, escritores e intelectuales para ejercer el escrutinio público sobre la función estatal. Queda firmemente asentado que el escrutinio crítico de las instituciones no constituye delito ni pecado, sino un derecho constitucional y humano.

Se hace hincapié expreso en que el presente artículo se enmarca estrictamente dentro del ámbito de la ficción literaria, la alegoría y la sátira social, describiendo una geografía imaginaria y mítica denominada Torenza. Los personajes, situaciones de coimas, fallos arbitrarios y elementos que ilustran este texto constituyen arquetipos universales para el debate académico y la reflexión ciudadana, por lo que no guardan relación alguna con personas, funcionarios, jueces o instituciones del mundo real, ni hacen referencia a ninguna persona o individualidad en particular.

«La peor forma de injusticia es la justicia simulada, donde el juez se disfraza de ley para ejecutar su propia venganza o ambición».
— Platón, filósofo de la Grecia Antigua.

Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario y Broadcaster