La distancia entre los ingresos procedentes de un empleo y determinadas prestaciones públicas puede reducirse considerablemente en algunos hogares. Un ejemplo con una madre monoparental y dos hijos muestra una diferencia aproximada de 350 euros mensuales entre trabajar con un salario bruto de 25.000 euros anuales y no disponer de ingresos laborales.
En el primer supuesto, una madre que trabaja durante todo el año puede quedarse con una renta disponible cercana a los 1.800 euros mensuales, teniendo en cuenta el salario neto y el Complemento de Ayuda para la Infancia si cumple los requisitos.
En cambio, una madre con dos hijos mayores de seis años y sin ingresos podría alcanzar unos 1.450 euros mensuales si reúne las condiciones necesarias para recibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el complemento destinado a la infancia.
La diferencia entre ambas situaciones se situaría, por tanto, alrededor de los 350 euros al mes. Además, los hogares con rentas más bajas pueden acceder a otras ayudas que dependen de su situación personal y del lugar de residencia.
Este ejemplo vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre cómo diseñar las prestaciones para proteger a las familias vulnerables sin reducir los incentivos económicos asociados al empleo.