El escrutinio público no es delito: el amparo internacional de la crítica judicial

«El que tiene la verdad en el corazón no teme la luz del día ni el juicio del sabio». — Proverbio universal sobre la rectitud y la justicia

El ejercicio del pensamiento crítico, la alegoría docente y la libre manifestación de las ideas constituyen las vigas maestras de cualquier sociedad civilizada. Sin embargo, con preocupante frecuencia, observamos en el ámbito internacional cómo desde ciertas parcelas del poder se intenta desnaturalizar el ordenamiento jurídico para restringir la sátira, el uso de arquetipos literarios y la legítima contraloría ciudadana sobre los órganos del Estado.

Frente a cualquier tentación de censura, amedrentamiento o desvío procesal, las normas universales de mayor jerarquía global ofrecen un refugio institucional infranqueable para salvaguardar la libertad de expresión.

Este blindaje fundamental se encuentra consagrado de forma categórica en los instrumentos rectores de las Naciones Unidas. El Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU), en perfecta sintonía con el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consagra el derecho absoluto de toda persona a la libertad de opinión y de expresión. 

Estas normas universales e inderogables especifican de manera taxativa que este amparo comprende la facultad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea por escrito, en forma impresa o mediante expresiones artísticas. La norma global es inapelable: el debate ideológico y creativo no puede ser coartado por interpretaciones caprichosas de las autoridades locales.

Es bajo este paraguas universal que cobra pleno sentido la doctrina regional del continente americano. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sido uniforme a lo largo de décadas. En fallos emblemáticos, como el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica y el caso Tristán Donoso Vs. Panamá, el tribunal interamericano ha establecido que los funcionarios del Estado, incluidos los jueces y magistrados, están sujetos a un mayor margen de escrutinio y reproche por parte de la sociedad, debido a que las personalidades públicas poseen un umbral de protección menor frente a la crítica que los ciudadanos particulares en virtud de la función de alta responsabilidad que voluntariamente decidieron asumir.

Por consiguiente, el uso de la literatura, el análisis de modelos conceptuales universales o la objeción a las fallas sistémicas del aparato judicial a través de la sátira o la ficción gozan de una presunción de amparo internacional absoluto. 

El aparato institucional jamás puede ser instrumentalizado como un mecanismo de intimidación frente al pensamiento independiente de los comunicadores y de los profesionales del derecho en el libre ejercicio de la defensa técnica. 

Resulta una desviación deontológica inexcusable intentar vincular el ejercicio profesional con la creación literaria, ignorando que la contraloría social de la ciudadanía se orienta estrictamente a fiscalizar la función pública y el desempeño institucional, elementos que jamás pueden ser confundidos con agresiones particulares ni sesgos de otra índole.

Finalmente, es imperativo precisar un principio de derecho constitucional comparado: en aquellos ordenamientos jurídicos donde un Estado ha decidido denunciar o apartarse formalmente de un tratado regional en el plano diplomático externo, como el Pacto de San José, los derechos humanos allí contenidos no se extinguen en el ámbito interno. 

Esto obedece a que las constituciones contemporáneas incorporan cláusulas de apertura y bloques de legalidad que otorgan rango constitucional y aplicación directa a los estándares internacionales de protección. Por ende, los textos fundamentales de las naciones obligan a la magistratura a aplicar el control de convencionalidad interno, tomando como base el histórico Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para bloquear cualquier pretensión de silenciar la narrativa docente o la disidencia de opinión mediante perversiones procesales contrarias a la ética o ataques alevosos por la espalda.

Cuando la narrativa docente desata la incomodidad de la autoridad, la respuesta jurídica correcta jamás será el silenciamiento, sino la demostración de probidad a través de las resoluciones oficiales. Defender las libertades públicas es, en última instancia, salvaguardar el derecho universal a pensar, a disentir y a mantener la hidalguía frente a los excesos de la arbitrariedad.

«La palabra no es para encubrir la verdad, sino para decirla» — José Martí, sobre el deber del pensamiento libre.

Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor universitario