Manos Limpias pide al Supremo investigar a Robles y Marlaska por falso testimonio sobre Ceuta

El sindicato denuncia un posible falso testimonio y reclama investigar las versiones enfrentadas de ambos ministros sobre las alertas previas a la entrada masiva de marroquíes

Manos Limpias ha acudido al Tribunal Supremo para pedir que se investigue si la ministra de Defensa, Margarita Robles, o el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, pudo incurrir en un delito de falso testimonio durante sus comparecencias parlamentarias sobre la crisis migratoria de Ceuta.

El sindicato ha presentado un escrito ante la Sala Segunda del Supremo en el que solicita la apertura de diligencias para esclarecer las aparentes discrepancias entre las declaraciones de ambos miembros del Gobierno acerca de las alertas recibidas antes de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma a finales de julio.

La iniciativa, firmada por el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad Remón, supone una ampliación de la denuncia que la organización registró el pasado 3 de agosto y que posteriormente amplió el 13 de agosto. El sindicato dirige ahora su petición al Supremo al considerar que los hechos afectan a dos miembros del Gobierno que cuentan con la condición de aforados.

El argumento central de la petición se encuentra en las diferentes versiones ofrecidas por Robles y Marlaska sobre la información disponible antes de la crisis.

Según Manos Limpias, la ministra de Defensa habría sostenido en el Congreso y en declaraciones públicas que sí se produjo una advertencia sobre el riesgo de una entrada masiva, al menos dirigida al delegado del Gobierno en Ceuta.

La versión de Marlaska sería diferente. El ministro del Interior habría asegurado tanto en sede parlamentaria como fuera de ella que no recibió ninguna comunicación que le alertara de una posible entrada masiva.

Para el sindicato, ambas afirmaciones no pueden ser ciertas simultáneamente y plantean la posibilidad de que uno de los dos ministros faltara a la verdad durante su comparecencia parlamentaria.

Por ello, Manos Limpias reclama al Supremo que determine qué información existía realmente antes de los acontecimientos y quién tuvo conocimiento de ella.

Dos informes del CENIF

La denuncia incorpora además un escrito adicional en el que Manos Limpias asegura haber tenido conocimiento de dos notas informativas elaboradas por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF).

Según la organización denunciante, esos documentos habrían advertido previamente de un elevado riesgo de entradas masivas en Ceuta y Melilla y habrían sido elaborados antes de los acontecimientos del 29 de julio.

La existencia, contenido y alcance de esas notas deberán ser comprobados, ya que su eventual acreditación podría resultar relevante para determinar qué información manejaban los distintos organismos del Estado antes de la crisis.

En particular, Manos Limpias considera que esos documentos podrían ayudar a esclarecer si existieron avisos suficientes y a quién fueron trasladados antes de los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio.

La nueva iniciativa se suma a la investigación que permanece abierta en la Audiencia Nacional sobre la crisis de Ceuta.

El Tribunal Central de Instrucción número 3 tramita las Diligencias Previas 64/2026, iniciadas a raíz de una denuncia de Iustitia Europa y a las que posteriormente se han incorporado actuaciones promovidas por HazteOír y Vox.

La investigación judicial aborda, entre otras cuestiones, las circunstancias que rodearon la entrada masiva de migrantes en Ceuta y el dispositivo desplegado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las Fuerzas Armadas.

Ahora, la denuncia de Manos Limpias eleva la presión sobre dos de los principales responsables políticos de la gestión de aquella crisis al trasladar al Supremo la controversia sobre las advertencias previas.

La Sala Segunda deberá decidir en primer lugar si admite el escrito y si existen elementos suficientes para abrir diligencias. Hasta entonces, las acusaciones formuladas por Manos Limpias contra Robles y Marlaska constituyen una petición de investigación y no una conclusión judicial sobre la existencia de un delito.

El eventual esclarecimiento de las alertas previas podría resultar clave para determinar qué información estaba en manos de las autoridades antes de la entrada masiva y cómo se transmitió dentro de la cadena de mando.