Ceuta vive días de máxima tensión. La presión migratoria se ha convertido en un problema que nadie logra resolver y que se agrava semana tras semana. Entre 8.000 y 10.000 migrantes malviven en la calle, en condiciones cada vez más duras. Parte de ese colectivo protagoniza ya enfrentamientos directos con policías, guardias civiles y militares. Los robos y otros delitos también aumentan sin freno.
La respuesta vecinal ha subido igualmente de tono. Grupos de residentes, hartos de la situación, han desmontado por la fuerza asentamientos de migrantes en zonas de playa. En varios casos han llegado a quemar tiendas de campaña y chabolas. La Policía ha tenido que cargar y disparar al aire para separar a los grupos enfrentados.
Interior ha reforzado la ciudad con más de 400 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. Defensa, por su parte, mantiene desplegado al Ejército en labores de apoyo y disuasión. Pese a ese refuerzo, tanto militares como policías aseguran que sus manos están atadas frente a una violencia que no deja de crecer.
El detonante llegó la madrugada del jueves en Benzú. Un vehículo militar sufrió el ataque de un grupo de unos 30 migrantes, que le tendieron una emboscada y lo apedrearon. Cuatro soldados resultaron heridos en el suceso.
La Guardia Civil detuvo después a 12 personas relacionadas con el ataque, todas de origen marroquí. El episodio ha reavivado las quejas de las asociaciones militares, que llevan tiempo alertando sobre la falta de amparo legal de sus efectivos.
Los soldados desplegados en Ceuta no tienen competencias de seguridad ciudadana. Eso limita mucho su capacidad de reacción cuando sufren una agresión directa como la de Benzú.
La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha trasladado al Gobierno una petición concreta. Pide que los soldados puedan emplear la fuerza de forma proporcionada cuando se encuentren desprotegidos ante una agresión.
Según esta asociación, no existe hoy un marco legal claro que regule cuándo y cómo puede actuar un militar agredido. Reclama que se garantice el derecho a la legítima defensa recogido en el Código Penal, aplicado con criterios de necesidad y proporcionalidad.
AUME pide también que se aclare la normativa que rige el apoyo del Ejército a las fuerzas de seguridad. Considera que la ambigüedad actual deja a los soldados en una situación de inseguridad jurídica real. Reclama, además, chalecos y equipo de protección adecuados, junto con formación específica para este tipo de despliegues.
Otras asociaciones de tropa se han sumado a estas reivindicaciones. La Unión de Militares de Tropa (UMT) rechaza que se exija a los soldados vigilar la seguridad nacional sin darles medios ni cobertura legal para protegerse. La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) pide revisar con urgencia los protocolos de despliegue y la coordinación entre Defensa e Interior.
La tensión no afecta solo al Ejército. El pasado domingo, un guardia civil que no estaba de servicio fue agredido por varios migrantes en una gasolinera cuando intentaban robarle. Dos de los agresores ya están en prisión provisional tras la decisión de un juez.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha respaldado ese ingreso en prisión y reclama contundencia judicial ante cualquier agresión a las fuerzas de seguridad. Pide que quienes atacan a policías y guardias civiles asuman consecuencias legales claras.
El sindicato policial JUPOL ha pedido formalmente ampliar las Unidades de Prevención y Reacción. Propone crear grupos operativos específicos en Ceuta y en Melilla. Plantea también una UPR Central capaz de desplazarse con rapidez allí donde surja una emergencia grave de orden público.
AUGC ha puesto el foco además en el deterioro del ambiente social en la ciudad. Denuncia que, junto a policías, guardias civiles y militares, varios periodistas también han sufrido insultos y agresiones mientras cubrían la crisis.
La asociación explica que muchos vecinos, ante lo que perciben como falta de respuesta institucional, se han organizado por grupos de mensajería para vigilar sus barrios. Ese clima, advierte, alimenta el riesgo de nuevos episodios violentos entre residentes y migrantes.
Aun así, AUGC ha pedido calma a la ciudadanía y confianza en el trabajo de las fuerzas de seguridad. Reclama, al mismo tiempo, más medios humanos y materiales para Ceuta, insuficientes a su juicio tras semanas de crisis sostenida. La asociación insiste en que la ciudad necesita mayor implicación de todas las administraciones para revertir una situación que sigue sin control.