Manos Limpias lleva a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional la crisis migratoria de Ceuta

El sindicato de funcionarios pide a La Haya que investigue a Sánchez y a Mohamed VI por los fallecimientos y las agresiones sexuales tras la entrada masiva del 30 de julio

Manos Limpias ha llevado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) la crisis migratoria registrada en Ceuta desde el pasado 30 de julio. Su presidente, Miguel Bernad, ha presentado una comunicación ante el organismo con sede en La Haya para solicitar que se examinen los hechos ocurridos durante y después de la llegada masiva de personas a la ciudad autónoma.

El escrito, fechado el 20 de agosto en Madrid, solicita analizar la posible responsabilidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del rey de Marruecos, Mohamed VI. La petición también alcanza a varios ministros españoles y marroquíes, además de los responsables policiales y militares que participaron en la toma o ejecución de decisiones durante aquellos días.

La organización matiza, no obstante, que señalar a estas autoridades no implica atribuirles de antemano responsabilidad penal. Su objetivo, sostiene, es que la Fiscalía determine quién tomó las principales decisiones y si pudieron existir actuaciones u omisiones relevantes.

Uno de los puntos sobre los que Manos Limpias reclama aclaraciones es el número de fallecidos. La comunicación recoge diferentes balances difundidos tras la crisis y pide determinar la cifra definitiva, identificar a las víctimas y esclarecer dónde y en qué circunstancias se produjo cada muerte. También solicita comprobar cómo se desarrollaron las operaciones de rescate y si las autoridades habían recibido previamente advertencias sobre el riesgo de una entrada masiva.

Otro de los aspectos centrales son las denuncias por presuntas agresiones sexuales contra menores. El documento reclama preservar informes médicos, actuaciones judiciales y otras pruebas relacionadas con estos casos para esclarecer lo ocurrido y determinar si las administraciones recibieron alertas previas.

Manos Limpias también menciona los robos, altercados y problemas de orden público registrados posteriormente. Al mismo tiempo, reconoce que algunas imágenes difundidas en redes sociales como si correspondieran a saqueos en Ceuta eran ajenas a la ciudad o estaban descontextualizadas. Por este motivo, reclama comprobar individualmente las denuncias y grabaciones y evitar atribuir de forma colectiva esos comportamientos a la población migrante.

La comunicación incorpora además los casos de sarna detectados entre militares destinados en Ceuta. Según la información recogida en el escrito, Defensa confirmó 24 casos, aunque dos serían anteriores a la crisis y no se habría demostrado una relación entre los contagios y los migrantes.

Desde el punto de vista jurídico, Manos Limpias plantea que determinados hechos podrían llegar a analizarse bajo el artículo 7 del Estatuto de Roma, relativo a los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el propio documento reconoce que para alcanzar esa consideración sería necesario demostrar requisitos jurídicos específicos, entre ellos la existencia de un ataque generalizado o sistemático contra población civil.

La organización pide finalmente a la Fiscalía de la CPI que conserve documentación, grabaciones y comunicaciones relacionadas con los operativos y determine si existen elementos suficientes para avanzar en el análisis de lo ocurrido en Ceuta. La iniciativa internacional coincide con investigaciones judiciales abiertas en España sobre algunos de los hechos vinculados a la crisis.