El despliegue extraordinario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Ceuta, activado después de la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos a finales de julio, ha abierto un nuevo frente de preocupación: las condiciones en las que están trabajando y descansando los propios efectivos enviados para reforzar la ciudad.
Las imágenes y los informes difundidos en los últimos días por organizaciones como la Confederación Española de Policía (CEP), Comisiones Obreras (CCOO) y la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) exponen un panorama desolador.
Según han denunciado los propios afectados a través de sus portavoces, los agentes desplazados se alojan en dependencias que incumplen de forma flagrante los estándares mínimos de prevención de riesgos laborales y habitabilidad.
En el caso de la Policía Nacional, los sindicatos han alertado de estancias donde se concentran hasta siete agentes por habitación, durmiendo en colchones directamente sobre el suelo y con un único inodoro disponible para 70 funcionarios.

A esta falta de espacio se le une la ausencia de sistemas de aire acondicionado en pleno agosto, contando en muchos casos con un solitario ventilador por módulo. Los policías también se ven obligados a utilizar duchas con problemas de funcionamiento y suministro intermitente de agua caliente.
La CEP también denuncia la alimentación facilitada a los agentes durante los primeros días del despliegue. Se les suministraba un botellín de agua, dos panecillos, una lata de conserva y unos gramos de mortadela envueltos en papel de aluminio.

«La ofensa y el desprecio hacia los policías alcanza cotas jamás vistas en este departamento y en un Gobierno que jamás ha movido un dedo por dignificar las dietas que perciben los policías y guardias civiles cuando son movilizados», critica el portavoz de la CEP, David Gutiérrez.
A las denuncias sobre las condiciones de los policías se suma ahora un problema sanitario entre los militares desplegados en Ceuta. El Ministerio de Defensa ha confirmado 24 casos de sarna en efectivos de la Comandancia General de Ceuta. Los militares afectados están recibiendo tratamiento y se ha establecido un protocolo sanitario para detectar nuevos casos y evitar la propagación. También hay un policía afectado.

El dato ha evolucionado desde las primeras informaciones conocidas el martes, cuando se hablaba de alrededor de una decena de militares afectados y la Unión de Militares de Tropa (UMT) situaba en al menos 14 los casos dentro de una misma compañía del Grupo de Regulares nº 54. Posteriormente, Defensa elevó la cifra a 24.
El Ministerio niega que exista una relación entre el brote y el contacto de los soldados con las personas migrantes llegadas a Ceuta. Un elemento relevante para esa posición es que dos de los casos se habían producido antes de la entrada masiva del 30 de julio. Defensa también ha ordenado medidas de desinfección y vigilancia sanitaria.
Sin embargo, las asociaciones profesionales militares han puesto el foco en otro posible factor: las condiciones de alojamiento.
La UMT sostiene que parte del personal fue alojado el pasado 15 de agosto en la antigua Batería de Costa K-8, en García Aldave, unas dependencias que, según la organización, permanecen habitualmente en desuso, carecen del mantenimiento higiénico necesario, tienen antecedentes de plagas y fueron utilizadas en condiciones de hacinamiento. La asociación considera que esas circunstancias podrían estar relacionadas con el brote.
La denuncia, sin embargo, no equivale a una confirmación epidemiológica. Por ahora, no existe una atribución oficial del origen del brote a esas instalaciones. Defensa ha informado de los casos y de la activación de medidas sanitarias, mientras las asociaciones reclaman más información sobre la cadena de contagios y las condiciones de los alojamientos.
La preocupación sanitaria no se limita a los militares. En las últimas horas, la situación sanitaria de Ceuta ha adquirido una dimensión mayor. El País informa de que los servicios sanitarios locales están atendiendo numerosos casos de enfermedades asociadas a situaciones de hacinamiento, entre ellos gastroenteritis, sarna, impétigo y tuberculosis, mientras los profesionales denuncian una fuerte presión asistencial. El mismo medio recoge la existencia del brote de sarna entre militares y señala que también se ha registrado un caso en un agente de Policía.
Las autoridades sanitarias insisten en que enfermedades como la sarna son tratables y que su aparición no debe utilizarse para estigmatizar a la población migrante. La Sociedad Española de Epidemiología ha advertido precisamente de los riesgos de vincular automáticamente enfermedades infecciosas con la migración, subrayando el papel que desempeñan factores como el hacinamiento y las condiciones de salubridad.