Pedraz suma a la causa de Leire Díez las diligencias por cohecho contra funcionarios de la Guardia Civil y la Fiscalía

El juez de la Audiencia Nacional integra en su macrocausa un expediente de 14 tomos y casi 3.900 folios procedente del Juzgado nº 9 de Madrid

El magistrado, Santiago Pedraz, ha asumido de forma definitiva la investigación contra Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Pere Rusiñol Costa. Los tres están señalados por presuntos intentos de comprar voluntades policiales y fiscales para frenar el caso Koldo/Ábalos.

Un expediente que cambia de juzgado

Pedraz, titular de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (Plaza nº 5), formalizó el movimiento el pasado 14 de agosto. La causa queda registrada ahora como Diligencias Previas Procedimiento Abreviado 81/2026.

El magistrado aceptó así la inhibición remitida por el Juzgado nº 9 de Madrid. Ordenó además unir el expediente a las Diligencias Previas 150/2025, la macrocausa sobre financiación irregular vinculada al entorno de Santos Cerdán y el PSOE.

El auto que originó el traspaso

El movimiento llega después de una decisión previa del magistrado Arturo Zamarriego Fernández, titular de la Plaza nº 9 en Madrid. El 11 de agosto dictó el Auto número 1637/2026 para desprenderse de esa causa.

Zamarriego consideraba que su procedimiento, las Diligencias Previas 1675/2025 por cohecho y tráfico de influencias, estaba indisolublemente ligado a la causa que instruye Pedraz en la Audiencia Nacional.

Lo que apunta la investigación de la UCO

Según recoge ese auto, la UCO constató que Leire Díez habría ofrecido pagos o favores a funcionarios de la Guardia Civil y del Ministerio Fiscal. El objetivo habría sido obtener información o actuaciones contrarias a sus obligaciones.

La finalidad de esa maniobra habría sido desviar el rumbo de investigaciones que afectaban al PSOE y al Gobierno. El auto sitúa el respaldo económico de esa operación en el entorno de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del partido.

El presunto circuito del dinero

Según ese mismo documento, el dinero habría circulado a través de Ana María Fuentes Pacheco, gerente de la Secretaría de Organización del PSOE. También habrían intervenido Carlos Zarrias Arévalo, Jacobo Teijelo Casanova e Ismael Oliver Romero, cuyas empresas habrían servido de vía para canalizar los pagos.

El auto sitúa a Javier Pérez Dolset como partícipe en ese circuito que terminaría llegando hasta Leire Díez. Ninguna de estas personas ha sido condenada; se trata, por ahora, de imputaciones en fase de instrucción.

Por qué se unifican ambas causas

Zamarriego basó su decisión en el artículo 17.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reformado en 2015. Ese precepto exige un único procedimiento cuando distintas causas están estrechamente conectadas entre sí.

El magistrado argumentó que su causa solo afectaba a tres investigados de perfil secundario en la trama. La causa de Pedraz, en cambio, apunta a personas de mayor rango dentro de la organización.

Tanto la Fiscalía como las acusaciones personadas respaldaron la unificación de ambos procedimientos. Zamarriego concluyó que una sola jurisdicción central permitiría avanzar con mayor rapidez en la instrucción.

Un traslado documental complejo

La providencia de Pedraz detalla también el traspaso físico del expediente entre juzgados. El oficio remitido por la Plaza nº 9 el 11 de agosto incluye 14 tomos y 3.847 folios en total.

Al material se suman dos piezas separadas adicionales. Una contiene un dispositivo de memoria aportado por Ignacio Stampa Fuente; la otra, soportes digitales entregados por la defensa de Rusiñol Costa y por la Policía Científica.

Una diligencia firmada por la letrada de la Administración de Justicia, María Ángeles Díaz Callejón, recoge incidencias durante la recepción del material. Entre ellas, un CD sin identificar que los funcionarios tuvieron que catalogar manualmente antes de digitalizarlo y remitirlo a la Plaza nº 5.

La competencia, aún bajo revisión judicial

La decisión de Pedraz no cierra de forma definitiva el debate sobre qué juzgado debe instruir el caso. El propio auto de inhibición de Zamarriego sigue pendiente de un recurso de apelación.

Ese recurso está aún por resolver en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Pedraz ha remitido a esa sala tanto el auto de inhibición como su propia providencia.

Será por tanto ese tribunal de apelación quien tenga la última palabra sobre la validez del traspaso competencial. Hasta entonces, la instrucción sigue adelante bajo el paraguas de la Plaza nº 5.

Una causa con numerosas partes personadas

La resolución de Pedraz se notificó el 14 de agosto a través de LexNET al Ministerio Fiscal. También se comunicó a una treintena de procuradores y abogados personados en el procedimiento.

Entre las partes figuran representantes de Vox, el PP, Iustitia Europa y el sindicato Manos Limpias. También están personadas HazteOír y varias asociaciones profesionales de la Guardia Civil, en una causa que sigue sumando investigados.