Los principales colectivos de jueces en España han fijado postura sobre el asilo en plena crisis migratoria de Ceuta. Rechazan cualquier denegación automática o masiva de solicitudes.
Insisten en que la ley obliga a examinar cada petición de forma individual. La entrada irregular en territorio español, subrayan, no cancela ese derecho.
Miles de personas cruzaron a Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. Fueron unas 80.000 personas en total, según los datos disponibles hasta ahora. 83 personas perdieron la vida durante aquellos cruces. Dos semanas después, la tensión política sigue marcando el debate migratorio en España.
El presidente de Ceuta, Juan José Vivas, pidió al Gobierno negar el asilo a los migrantes. Reclamó el retorno a Marruecos sin excepciones ni regularizaciones posteriores. Calificó esa medida como necesaria para el presente y el futuro de la ciudad. Según Vivas, serviría además para frenar la presión migratoria usada como arma de desestabilización.
La dirección nacional del PP apoyó públicamente la propuesta del presidente ceutí. El vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, defendió la medida este viernes. Aseguró que no incumple la legislación internacional vigente en la materia. Citó el precedente de Grecia, que limitó temporalmente el asilo a personas llegadas del norte de África.
La Asociación Profesional de la Magistratura, la más numerosa del país, matiza esa postura. Reconoce que el ordenamiento permite endurecer y agilizar los trámites de asilo en frontera. Pero rechaza decidir de antemano que toda entrada irregular termine en denegación automática. Fuentes de la asociación insisten en que cada solicitud debe examinarse de forma separada. Advierten de que, detrás de una entrada irregular, puede existir alguien con derecho real a protección.
La asociación diferencia entre dos cuestiones jurídicas que considera distintas. Una es que la entrada irregular no da derecho a permanecer en España. Otra, muy distinta, es que esa irregularidad elimine el derecho a solicitar asilo. Son, según explican, dos planos jurídicos separados que conviene no mezclar.
El Foro Judicial Independiente comparte ese mismo diagnóstico sobre el procedimiento de asilo. Su presidente, Roberto García Ceniceros, recuerda que resolver estas solicitudes corresponde al Ejecutivo. Aun así, defiende que la figura del asilo exige un estudio caso por caso. Solo debería concederse a quien cumpla realmente los requisitos legales establecidos. Al mismo tiempo, avisa de que no resulta admisible acordar denegaciones masivas de solicitudes.