El sindicato mayoritario de prisiones, ACAIP-UGT, y su presidente, en el punto de mira por supuestas irregularidades

El presidente de la agrupación encubrió presuntamente a su amigo Ignacio Manuel Hernández por manipular facturas personales de Amazon y presentarlas como gastos sindicales a las que le ponía una pegatina con “material informático vario”

José Ramón López Santamaría, presidente del sindicato de funcionarios de prisiones ACAIP-UGT, el de mayor número de afiliados en España, pasa por un momento crítico en su gestión. Tras 32 años a los mandos del sindicato, se le atribuye “descontrol y opacidad” de las cuentas. Ello le ha obligado a convocar para finales de noviembre y primeros de diciembre un Congreso Nacional en Toledo, todo un plebiscito para su permanencia en el cargo los próximos cuatro años. Según funcionarios del sindicato consultados por FUENTES INFORMADAS, “solo cuando un número importante de representantes de centros penitenciarios de toda España, críticos con su gestión, amenazaron con acudir a los tribunales por incumplimientos estatutarios, accedió a convocarlo”.

Sin embargo, López Santamaría arremetió inmediatamente contra los cuadros del sindicato críticos con su gestión, a los que destituyó manu militari y arrebató las horas sindicales; además de dejarles sin infraestructura, según fuentes de este colectivo. En concreto, ordenó cerrar las oficinas sindicales de ACAIP-UGT en Salamanca y León.

Fuentes de la organización aseguran que en pocos años se han esfumado más de 4.000 afiliados, casi la tercera parte del total, por “presuntas irregularidades e incumplimientos de su presidente, quien se comprometió hace más de 4 años a realizar una auditoría contable externa que aún no ha realizado”.

Estas mismas fuentes apuntan que “paró las denuncias contra él interpuestas con alegaciones técnico-jurídicas del estilo de que ACAIP-UGT no era denunciante de nada o negando la legitimación de los sindicalistas denunciantes y consiguió que los tribunales no llegaran nunca al fondo del asunto a pesar de las evidencias de irregularidades, que mermaron la cuenta principal del sindicato de 1.004.321,58 euros a 541.025,98“, señalan estas fuentes. Así, detallan que “el sindicato no tiene créditos bancarios ni ha comprado ningún inmueble”.

75.000 euros en artículos ajenos a la actividad del sindicato de prisiones

El secretario de asuntos económicos, José Luis Pascual, a finales de 2018 requirió a López mediante burofax para que justificase 75.662,7 euros en gastos y denunció también los supuestos tratos de favor a su amigo y ex secretario general, Ignacio Manuel Hernández Rodríguez, investigado por un juzgado por presuntos delitos de falsedad documental, apropiación indebida y malversación de fondos públicos.

A este envite, López Santamaría contestó pidiendo su destitución sin que aún hoy y desde 2016 se sepa el verdadero destino dado por el íntimo del presidente a los miles y miles de euros gastados en enseres domésticos comprados en Amazón, siempre según estos medios. Entre ellos, canapés abatibles, mecheros zippo, colchones, faros de xenón, cremas antiarrugas, pasapurés, afeitadoras sin cable, sets termostáticos de ducha y un sinfín de artículos que nada tienen que ver con la actividad propia del sindicato, añaden las fuentes consultadas.

López Santamaría solicitó la destitución de Pascual, quien presentó una denuncia contra el ‘amiguísimo’ y, según consta en el acta del comité ejecutivo celebrado el 27 de diciembre de 2018, López perdió la votación y el comité acordó mantenerle en sus funciones.

El propio presidente del sindicato supuestamente anuló con carácter directo el resultado de la votación y destituyó a Pascual sin convocar a la ejecutiva sindical para que ratificase tan drástica decisión personal. En realidad, ya había tomado esa determinación diez días antes al revocarle sus poderes. Le excluyó además de todos los canales de comunicación e información del sindicato y cambió la cerradura de su oficina en Salamanca.

Varios procedimientos judiciales contra López Santamaría y Pascual

De esta manera, López se hizo con el control absoluto de 1.343.777,36 euros, que era el saldo de la cuenta a 31 de diciembre de 2018. Según fuentes sindicales, “falsificó supuestamente documentos del anterior secretario de asuntos económicos, certificó que este no era afiliado sindical y solicitó el archivo del procedimiento penal contra su amigo Ignacio Manuel Hernández”.

FUENTES INFORMADAS ha contactado con López Santamaría, que delegó en su jefe de prensa el contraste de estas informaciones. Este ha indicado que existen distintos procedimientos judiciales penales, algunos archivados y otros pendientes de resolución.

Este periódico también ha accedido a una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Provincial de Salamanca en la que José Luis Pascual ha sido condenado en sentencia firme por descubrimiento y revelación de secretos. Se le ha castigado judicialmente por difundir la contabilidad del sindicato, pero ello no significa que los datos que han trascendido sean irreales.

Según se desprende de la sentencia, no aportó al procedimiento la memoria de su CPU y la prueba pericial no se practicó. Si Pascual, al procedimiento, hubiera aportado la CPU en el juicio podría haber verificado si las claves o las contraseñas de la contabilidad eran legítimas o no. Como fueron impugnadas, ha sido condenado en sentencia firme.