Begoña Gómez decide cambiar de abogado antes de su juicio ante un jurado popular

El penalista Jaime Campaner sustituye al exministro Antonio Camacho y pide un retraso de 10 días para presentar su escrito de acusación

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha decidido dar un giro sustancial a su estrategia legal sustituyendo al exministro Antonio Camacho por el reconocido penalista Jaime Campaner. El relevo, ya comunicado formalmente al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, se ha realizado de común acuerdo, expresando un profundo agradecimiento a la labor y el rigor profesional mostrados por Camacho durante la etapa más compleja de la instrucción previa.

El nuevo abogado defensor, Jaime Campaner, destaca por su sólida trayectoria y su alta especialización en el ámbito del derecho penal económico y procesal. Su perfil técnico e independiente se aleja por completo de la vinculación política de su predecesor, lo que otorga a la defensa una perspectiva más técnica y neutral de cara al perfil de los magistrados y ciudadanos implicados.

La modificación en la representación se ha precipitado tras la confirmación de la Audiencia Provincial de Madrid de que Begoña Gómez se sentará en el banquillo por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Aunque la anterior defensa logró apartar los cargos de apropiación indebida y corrupción en los negocios, el mantenimiento de la acusación por malversación obliga inexorablemente a la celebración de un juicio con jurado popular.

Los expertos jurídicos apuntaban que el perfil anterior, marcado por su fuerte mediaticidad como exministro, podía generar animadversión en los ciudadanos legos que componen el jurado. Por el contrario, Campaner destaca por su solvencia técnica y su probada experiencia en este tipo de escenarios procesales donde la oratoria y la persuasión ante tribunales populares resultan determinantes.

Pide un retraso de diez días

Nada más asumir la representación legal, el nuevo letrado ha comenzado a marcar distancias con los apretados plazos procesales establecidos por el juzgado. Campaner ha presentado de inmediato un escrito solicitando una ampliación significativa del plazo para poder formalizar debidamente el escrito de descargo y conclusiones provisionales.

En su petición formal dirigida al magistrado Juan Carlos Peinado, el penalista ha recordado que el mes de agosto es inhábil a efectos procesales y ha argumentado que el ingente volumen de documentación acumulada exige un mayor margen. Esta ampliación de diez días hábiles adicionales se considera imprescindible para garantizar plenamente el derecho constitucional de defensa de su patrocinada.