Con los incendios de Madrid, Ávila, Toledo, Almería y Castellón, el verano de 2026 ya tiene precio. Los cálculos del sector forestal apuntan a que extinguir las llamas que han recorrido España este año podría rondar los 3.400 millones de euros, una cifra que crece cada semana mientras las brigadas siguen desplegadas sobre el terreno.
El Ministerio de Transición Ecológica cifra en 173.651 las hectáreas devoradas por el fuego desde enero, casi la mitad de lo que ardió en todo 2025. Tomando esa superficie como referencia, un informe conjunto de Greenpeace y la patronal forestal Asemfo calcula que la factura de extinción de lo que llevamos de año podría costar a los españoles entre los 1.723 y los 3.275 millones de euros.
En 2025, el país acabó con 393.079 hectáreas calcinadas —el 1,2% de todo el monte español— y una factura de extinción que superó los 7.400 millones de euros. De ellas, 354.793 hectáreas correspondieron a los grandes incendios contabilizados por Interior, con un coste estimado de entre 3.548 y 6.741 millones solo para apagarlos.
La Agencia Forestal de Navarra calcula 10.000 euros por hectárea cuando hace falta desplegar medios aéreos; Asemfo, la patronal del sector, eleva esa cifra hasta los 19.000 euros. Eso sin incluir después la restauración del terreno, viviendas e infraestructuras quemadas, que —según explica la decana del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, Ana Belén Noriega— suele salir más cara que apagar el propio incendio. La Comunidad de Madrid ya ha aprobado ayudas para las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por el fuego en la sierra de la región.
A escala europea, el respaldo llegado hasta ahora resulta insuficiente frente al problema: el Parlamento Europeo aprobó este mes una ayuda de emergencia de 120,55 millones de euros para España por los daños de la sequía, el calor y los incendios, una cantidad que apenas cubriría el coste de extinguir unos pocos miles de hectáreas al precio que maneja Asemfo.
Los datos de Eurostat sitúan a España por debajo de la media europea en la lucha contra el fuego: el país destina el 0,4% de su gasto público total a esta partida —que incluye tanto prevención como extinción—, frente al 0,5% de media en la Unión Europea, un porcentaje que apenas se ha movido desde 2015.
El Consejo de Ministros del pasado martes 28 de julio dio luz verde a un real decreto para declarar zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil a los territorios de Madrid, Ávila y Toledo golpeados por el fuego. En paralelo, el Ministerio de Trabajo presentará un real decreto-ley que activará una prestación especial y temporal para los trabajadores afectados, con la que se cubrirán sus salarios y cotizaciones a la Seguridad Social, aunque de momento no está confirmado si la cobertura llegará al 100%.