La Complutense reclama 113.509 euros a Begoña Gómez y exige recuperar el software del que se adueñó

A Cristina Álvarez, que ocupaba un puesto de personal eventual como directora de Programas en la Presidencia del Gobierno, se le atribuye un papel de cooperadora necesaria

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha presentado un nuevo escrito de conclusiones provisionales en el que reclama una indemnización de 113.509,32 euros a Begoña Gómez Fernández y, en su caso, a Cristina Álvarez Rodríguez, además de la restitución de la titularidad y el control pleno del software desarrollado en el marco de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC).

El escrito, firmado el 24 de julio por el letrado de la Asesoría Jurídica de la UCM, Gabriel Navarro Azpíroz, sustituye a las conclusiones que la propia Universidad ya había presentado en mayo, y responde a un requerimiento del juzgado derivado del Auto 655/2026, dictado el 13 de julio por la Sección 23ª de la Audiencia Provincial de Madrid al resolver un recurso de apelación.

La UCM se persona con este escrito como perjudicada en su condición de titular del software desarrollado por la Cátedra TSC, una herramienta digital para medir el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emitir certificaciones de calidad a empresas. La Universidad sostiene que ese programa constituye un activo patrimonial propio, financiado con aportaciones de empresas colaboradoras —Indra, Telefónica y Google, entre otras— y con fondos directos de la institución, que cifra en 108.765,79 euros, a los que suma 4.743,53 euros en costes de personal técnico y jurídico dedicado al proyecto.

El escrito atribuye a Begoña Gómez Fernández, como codirectora de la Cátedra, haber desviado ese activo hacia su esfera de disposición privada mediante el registro a su nombre de la marca y el dominio «transformatsc.org» y la constitución de la mercantil Transforma TSC, S.L., de la que es administradora única.

Cristina Álvarez, cooperadora necesaria

A Cristina Álvarez Rodríguez, que ocupaba un puesto de personal eventual como directora de Programas en la Presidencia del Gobierno, se le atribuye un papel de cooperadora necesaria, por su intervención en las gestiones con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) y en comunicaciones relativas a la cesión de derechos sobre el software.

La UCM pide que, de recaer sentencia condenatoria, ambas respondan solidariamente del pago de la indemnización y que se le restituya la titularidad y disponibilidad plena del software, incluidos dominios, credenciales, código fuente y marcas asociadas. Asimismo solicita la citación como peritos de cinco cargos de la propia Universidad —entre ellos la interventora general y la secretaria general— para ratificar los informes económicos aportados.

Malversación de caudales públicos

El nuevo escrito de la UCM es consecuencia directa del Auto 655/2026 de la Audiencia Provincial de Madrid, que confirmó la existencia de indicios racionales suficientes para continuar el procedimiento por un presunto delito de malversación de caudales públicos, tanto respecto de Begoña Gómez como, en calidad de cooperadora necesaria, de Cristina Álvarez Rodríguez.

Esa resolución llevó al Tribunal del Jurado 1146/2024 a conceder de nuevo a las partes personadas un plazo de cinco días para formular conclusiones provisionales, notificado a la UCM el 20 de julio.

El procedimiento se sigue en el marco del caso conocido como caso Begoña Gómez, instruido por el juez Peinado en la Plaza nº 41 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, y que en las últimas semanas ha registrado varios movimientos procesales relevantes: el auto de apertura de juicio oral de junio, la exigencia a la investigada de justificar el uso de su pasaporte pese a la autorización excepcional para viajar, y el escrito de acusación presentado por HazteOír.org como acusación popular unificada, que pide hasta diez años de prisión para Gómez por tráfico de influencias y dos delitos de malversación, y seis años para Álvarez como cooperadora necesaria en el caso del software.

Con este escrito, la Universidad Complutense refuerza su posición como parte perjudicada económicamente por los hechos investigados, en paralelo a la acción penal que dirimirá el Tribunal del Jurado.