El futuro judicial de Carles Puigdemont entra en una nueva fase después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía. Aunque la sentencia europea respalda la compatibilidad de la norma con el Derecho comunitario, el regreso del expresidente de la Generalitat a España continúa dependiendo de las decisiones que adopten los tribunales españoles, especialmente el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido.
El Tribunal Supremo mantiene por ahora su negativa a aplicar la amnistía al delito de malversación que atribuye a Puigdemont, al considerar que no queda cubierto por la ley. Esa interpretación mantiene vigente la orden nacional de detención, por lo que el líder de Junts sigue sin poder regresar a España sin riesgo de ser arrestado.
La última palabra podría recaer ahora en el Tribunal Constitucional. El órgano tiene previsto comenzar en septiembre el análisis de los recursos presentados por varios dirigentes del ‘procés’ a los que el Supremo rechazó aplicar la amnistía. La resolución que adopte sobre esos recursos marcará el criterio para el resto de casos, incluido el de Puigdemont, y podría obligar al Alto Tribunal a revisar su posición.
Mientras tanto, el expresidente catalán sostiene que el fallo del TJUE despeja cualquier duda sobre la legalidad de la amnistía y confía en que la justicia española acabe permitiendo su regreso, aunque el desenlace definitivo dependerá de la interpretación que haga el Constitucional presidido por Conde-Pumpido.