El Gobierno de México llevará ante la Justicia de Estados Unidos la muerte de 17 ciudadanos mexicanos ocurrida en el contexto de la política migratoria impulsada por la Administración de Donald Trump. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que su Ejecutivo presentará denuncias penales tanto por los fallecimientos registrados en centros de detención migratoria como por los ocurridos durante operativos del Servicio de Inmigración.
La decisión llega tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano que falleció el pasado 7 de julio en Houston durante una intervención de agentes del ICE. Sheinbaum calificó el caso como un hecho que «indigna a todos los mexicanos» y aseguró que las gestiones diplomáticas realizadas hasta ahora no han dado resultados.
Según explicó la presidenta en su conferencia matinal, desde el inicio de la ofensiva migratoria de Trump han fallecido 17 ciudadanos mexicanos: catorce mientras permanecían detenidos y otros tres durante operaciones policiales relacionadas con inmigración.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sostiene que Salgado Araujo intentó embestir con su vehículo a un agente del ICE, una versión que, según el Gobierno mexicano, ha sido cuestionada por los otros ocupantes del coche. Las autoridades locales de Houston mantienen abierta una investigación sobre lo sucedido.
Sheinbaum insistió en que la iniciativa judicial no busca deteriorar la relación bilateral, sino garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos mexicanos en territorio estadounidense.
«No podemos permanecer en silencio para evitar tensiones diplomáticas», afirmó la mandataria, que defendió la necesidad de acudir a los tribunales después de que las protestas formales dirigidas a Washington no hayan obtenido respuesta.
El anuncio se produce en un contexto de creciente fricción entre ambos países. En los últimos meses han surgido desacuerdos por la presunta actuación de agentes de inteligencia estadounidenses en México y por las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de EE.UU. contra responsables políticos mexicanos por supuestos vínculos con el narcotráfico.
En ese escenario, Sheinbaum también ha rechazado entregar a las autoridades estadounidenses al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al considerar que no existen pruebas suficientes para justificar esa medida.