El Gobierno ha aprobado la creación de 500 plazas para jueces y 200 para fiscales, una cifra récord que será oficializada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en los próximos días.
Según ha avanzado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el objetivo es que los nuevos profesionales comiencen a ejercer en sus destinos antes del 31 de diciembre. Esta medida supone un incremento histórico del 8,5% en la plantilla judicial y del 7,1% en la fiscal, consolidándose como el mayor aumento anual realizado hasta la fecha.
La creación de estas unidades se ha visto favorecida por la Ley de Eficiencia, que permite reducir drásticamente los costes de implementación. Mientras que la creación de juzgados tradicionales bajo el modelo antiguo supondría un gasto superior a los 260 millones de euros, el nuevo sistema de tribunales de instancia reduce esta inversión a cerca de 55 millones.
Estas plazas se distribuirán entre diversos órganos, incluyendo audiencias provinciales, tribunales superiores y el Tribunal Supremo, además de crear puestos de adscripción territorial flexibles.
En cuanto al Ministerio Fiscal, las 200 nuevas plazas reforzarán áreas estratégicas que presentan una alta carga de trabajo y desafíos actuales, como la protección de datos, la lucha contra la criminalidad informática, los delitos de odio, la trata de personas y la violencia sobre la mujer.
Bolaños destacó que este refuerzo es esencial para equilibrar la plantilla ante el incremento de magistrados y asegurar que el sistema pueda adaptarse a las nuevas realidades delictivas del país.
El fin último de esta ampliación es mejorar la calidad del servicio público de justicia, logrando resoluciones más rápidas y una distribución de tareas más razonable para los profesionales.
Paralelamente, el Gobierno profundizará en la comarcalización de las secciones de violencia sobre la mujer, buscando un punto de equilibrio entre la proximidad al ciudadano y la necesidad de ofrecer una respuesta especializada y eficaz ante esta problemática social.