Pedraz estudia si cita a la jefa de la Guardia Civil por su conexión con la ‘trama Leyre’, que intentó evitar que la UCO indagase a Begoña

Las acusaciones, menos el fiscal, piden imputar a la cúpula del instituto armado por la presunta protección a la cloaca socialista

El juez Santiago Pedraz está analizando los escritos que le han enviado las acusaciones en los asuntos de corrupción que investiga antes de decidir si cita a declarar como imputada a la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández.

El titular del Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional tramita los casos Hidrocarburos, SEPI y el de la cloaca que supuestamente creó el PSOE de Pedro Sánchez para obstaculizar las investigaciones que desarrolla por corrupción la UCO de la Guardia Civil contra el entorno familiar del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Y también contra su exnúmero 2 Santos Cerdán, que en la investigación se erige como el cabecilla y denominador común de las distintas tramas que investiga el magistrado.

El juez recibió ayer varios escritos de las acusaciones en los que se pide que se llame a la directora general del instituto armado y a otros altos mandos del cuerpo.

El mérito de la directora general para llegar al máximo mando de la Guardia Civil era el de ser concejal de un distrito de Madrid por el PSOE y tener una fuerte amistad con Sánchez, que tiene colocados a todas sus amistades en diferentes puestos del Gobierno.

La Acusación Popular Unificada, representada por el procurador Manuel Sánchez-Puelles, solicitó ayer formalmente al juez que cite como investigados —y no como testigos— a Mercedes González Fernández; a su antecesor en el cargo, Leonardo Marcos González; y al teniente general y director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas Fernández.

Nunca antes se había vivido en España que los máximos jefes de la Guardia Civil supuestamente hubieran obstruido la investigación de sus subordinados para que no se indagasen los delitos que afectan al hermano y a la mujer de Sánchez y, peor aún, crear una cloaca cuya finalidad no solo era la citada, también iba dirigida contra jueces y fiscales.

El relato de los hechos

El escrito de una de las acusaciones, entre las que está el PP y Hazte Oír, sostiene que existió una trama, presuntamente financiada desde el entorno del PSOE y supervisada por Santos Cerdán con coordinación operativa de Leire Díez, cuyo objetivo habría sido neutralizar a la Unidad Central Operativa (UCO) —en particular a su departamento anticorrupción, dirigido por el teniente coronel Antonio Balas— por su papel instructor en causas como el caso Koldo, el caso David Sánchez o el caso Begoña Gómez.

Según atestados de la propia UCO, basados en geolocalización, agendas intervenidas, mensajería de WhatsApp y testificales bajo juramento, la directora González mantuvo una relación personal con Leyre Díez con al menos tres encuentros documentados entre septiembre de 2024 y abril de 2025, incluyendo mensajes en los que Díez afirma haber “apostado una comida” a que las filtraciones procedían de la UCO.

La secuencia temporal

El escrito subraya una correlación cronológica: el 10 de mayo de 2025 El Mundo publica los WhatsApp entre Ábalos y el presidente del Gobierno; horas después se detecta actividad de borrado automático entre los móviles de González y Díez.

Y esa misma mañana el DAO Llamas encarga una información reservada para investigar el origen de la filtración, pese a que la UCO ni siquiera había intervenido aún los dispositivos del exministro encarcelado Ábalos.

Nunca España había tenido tanta corrupción generalizada ni nunca ningún presidente se apegó tanto al poder sin nisiquiera haber ganados unas elecciones. En el caso de la SEPI, entre otros, los investigadores creen que en la cima estaba el propio Sánchez. En este asunto la cifra de imputados ha crecido exponencialmente.