El PNV ha reconocido que ha mantenido contactos y reuniones con representantes del Gobierno de España para abordar la situación de distintas empresas que atraviesan dificultades económicas, entre ellas Tubos Reunidos. Sin embargo, la formación nacionalista ha querido dejar claro que estas gestiones forman parte de su actividad política habitual y que no guardan relación con ninguna supuesta trama de corrupción.
La reacción del partido llega tras las informaciones surgidas a raíz de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que se mencionan posibles actuaciones relacionadas con el rescate financiero de la compañía. Desde el PNV insisten en que su interés por la situación de Tubos Reunidos responde únicamente a la defensa del empleo y del tejido industrial vasco, una labor que consideran fundamental dentro de su acción política.
La formación jeltzale recuerda que durante los últimos años ha realizado numerosas gestiones para respaldar a compañías consideradas estratégicas por su impacto económico y social. Según explica, estas actuaciones no se limitan a Tubos Reunidos, sino que también han afectado a otras empresas relevantes que atraviesan momentos complicados y de las que dependen miles de puestos de trabajo.
Desde el partido subrayan que mantener reuniones con administraciones públicas, presentar iniciativas parlamentarias o interesarse por procesos de refinanciación empresarial forma parte de la actividad normal de cualquier formación política comprometida con el desarrollo económico de su territorio. En este sentido, recuerdan que otros partidos también han impulsado propuestas relacionadas con diferentes compañías en dificultades.
El PNV insiste en que una cosa es preocuparse por el futuro de empresas y trabajadores y otra muy distinta cualquier actuación irregular realizada por terceros. Por ello, recalca que no tiene responsabilidad alguna sobre posibles actividades ajenas desarrolladas fuera de su ámbito de actuación.
La formación concluye defendiendo que seguirá trabajando para proteger el empleo y la actividad industrial, al considerar que son elementos esenciales para garantizar el bienestar económico y social de la ciudadanía.